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Uber choca contra los taxistas en su intento de controlar el transporte urbano

Los taxistas protagonizan paros en las ciudades españolas en protesta por el dumping de la empresa estadounidense, que sigue bajando los precios del sector pese a sus pérdidas multimillonarias

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Un conductor de taxi sostiene una bengala durante la protesta contra las empresas de economía colaborativa como Uber, a las que acusan de 'dumping', este miércoles en Madrid. REUTERS/Susana Vera

Este miércoles Uber ha anunciado que lanzará un servicio de aerotaxi a partir de 2020. La aplicación de transporte pondrá a prueba en Dallas (EEUU) y Dubai "pequeños vehículos eléctricos con despegue y aterrizaje vertical" con los que, dice, pretende vaciar la ciudad de coches y reducir así la contaminación. Los fabricará una empresa de drones brasileña y podrán utilizarse con la misma app que el resto de servicios de Uber. 

La multinacional lanza así un órdago al transporte urbano ante la acumulación de prohibiciones y regulaciones antiUber en distintos países. Una huida hacia delante muy del gusto de Silicon Valley tras sufrir varios varapalos: en apenas un mes Dinamarca ha provocado la salida de la empresa de su territorio al endurecer su normativa del taxi; y en Italia los tribunales han aceptado el recurso por competencia desleal de los taxistas y han ordenado que cese toda operación.

Uber perdió 3.000 millones de dólares en 2016. Los taxistas de todo el mundo la acusan de dumping

En España el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid Número dos de Madrid tomó la misma decisión en 2014, señalando además que en el servicio que implantó la multinacional, UberPop −que pone en contacto a unos particulares con otros que cobran por realizar un servicio de transporte− los conductores contratados carecían "de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo". 

Uber volvió a España en 2016 con UberX. Ahora ofrece un servicio de alquiler de coches individuales con conductor (VTC). En esta nueva forma de negocio, basado en un modelo que sí está regulado por el Estado, los conductores deben ser profesionales con licencia, chóferes. Sin embargo, los taxistas denuncian que es sólo un argucia legal para seguir compitiendo de forma desleal con su sector. 

Este miércoles varios sindicatos del taxi han protestado en las principales ciudades de España contra la nueva estrategia de Uber. Han denunciado ante el Ministerio de Fomento y los consejeros de Transporte de las comunidades autónomas que la ley obliga a que la proporción de licencias de VTC y taxi sea de 1/30, y tras la irrupción de Uber en ciudades como Madrid el ratio llega ya al 1/7.

Servicio público contra economía colaborativa

"Utilizan plataformas digitales para decir que son economía colaborativa, pero estamos viendo en que a través de inversiones multimillonarias quieren hacer dumping en los precios", ha explicado a Público José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Según los datos proporcionados por Uber, esta perdió unos 3.000 millones de dólares en 2016. Pese a ello su valor no deja de subir, y ya se estima en los 68.000 millones de euros, lo que la convierte en la mayor empresa no cotizada del mundo.

"Uber dice que está en todo el mundo, lo cual es mentira. Está en países donde la precariedad laboral está a la orden del día"

Los taxistas explican que, en origen, el negocio de las VTC se reguló para ofrecer al cliente un servicio de mayor calidad al del taxi, con vehículos de alta gama y, lógicamente, a un precio mayor. Uber ha utilizado este modelo, pero ha bajado los precios por debajo de los del taxi, regulado como un servicio público y con mayor carga normativa e impositiva.

Decenas de taxistas portan una pancarta durante la manifestación hoy en la madrileña calle Raimundo Fernández Villaverde. EFE/Víctor Lerena

Las VTC están menos reguladas −"es el único vehículo de transporte discrecional de las comunidades autónomas que no tiene una ordenación propia en cuanto al vehículo o las jornadas laborales", afirma Fúnez− y las empresas como Uber o Cabify utilizan recursos legales para saltarse sus pocas reglas. Entre otras, la obligación de salir de la sede fiscal del vehículo cuando comienza cualquier servicio: estas apps mantienen a los coches en circulación en busca de clientes con la excusa de que el conductor salió de base contratado por ellas, y no por el cliente.

"Nosotros, como cualquier servicio público, tenemos unas tarifas reguladas por las comunidades autónomas, basadas en el IPC sectorial", ha expuesto Fúnez frente al Ministerio de Fomento, recordando que en los últimos tres años las administraciones han decidido congelar las tarifas. Además, explica que estas no se modifican en ninguna circunstancia, al contrario de los precios de las empresas como Uber que suben, por ejemplo, cuando llueve.

"Uber dice que está presente en todo el mundo, lo cual es mentira. Está en países donde la precariedad laboral está a la orden del día. Con UberPop hacían un servicio paralelo al taxi con particulares, una economía sumergida y sin regulación. Con UberX prestan servicio a través de VTC, que tienen una regulación que tampoco cumplen", se queja el portavoz de esta asociación, otro colectivo que ha descubierto una cara oscura en la denominada economía colaborativa