Los ministros de Economía de los Veintiocho ultiman un acuerdo para crear un mecanismo único de liquidación de bancos con problemas que diluye la propuesta inicial de la Comisión y responde a todas las exigencias que plantea Alemania, que no quiere pagar por las entidades de otros países. El principio de acuerdo está recogido en un documento de compromiso elaborado por la presidencia lituana, que ha sido debatido por los ministros en las últimas horas y ha sido objeto de consenso en algunos puntos y de amplio acuerdo en el resto, según han informado fuentes europeas. Pero el pacto final no se cerrará este martes sino que se aplaza a un Ecofin la semana que viene, porque falta definir los textos jurídicos.

Según este compromiso, la última palabra para decidir el cierre de una entidad la tendrán los Gobiernos y no la Comisión, tal y como quería Berlín. Y el fondo único para financiar quiebras, alimentado por la banca, sólo se creará tras un periodo de transición de 11 años, durante el cual cada país deberá pagar por los problemas de su sistema financiero. Además, la creación del fondo único de resolución deberá definirse en un tratado intergubernamental.

El nuevo mecanismo de resolución, que empezará a funcionar en 2015, cubrirá directamente sólo a los 130 mayores bancos de la eurozona supervisados por el banco central europeo y no a todos como proponía Bruselas. Las autoridades nacionales de resolución serán responsables de planificar la resolución y la supervisión de los bancos más pequeños, como quiere Berlín, que quiere dejar fuera a sus cajas de ahorro.

Finalmente, se adelanta de 2018 a 2016 la entrada en vigor de las nuevas reglas que obligarán a accionistas, preferentistas y bonistas senior a asumir pérdidas en caso de rescate bancario. El mecanismo único de resolución es la segunda pieza de la unión bancaria, cuyo objetivo consiste en acabar con la fragmentación del crédito en la eurozona y romper el circulo vicioso entre deuda bancaria y deuda soberana. También pretende que en futuro sean los bancos y no los contribuyentes los que paguen las quiebras.