La Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT de Madrid ha denunciado que los altos cargos del Gobierno regional se han subido los sueldos en 2009 a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciase antes de que terminara el año que se iban a congelar los salarios en 2009 como medida de austeridad contra la crisis.

Así, según los cálculos del sindicato, Aguirre ha pasado de cobrar en 2008 un total de 107.361,94 euros a 108.004,44 euros en 2009; el vicepresidente Ignacio González cobró el año pasado 103.067,41 euros mientras que en 2009 va a cobrar 103.684,32 euros, y los consejeros pasaron de los 98.773,01 euros a los 99.364,08 euros.

'Es un insulto masivo para trabajadores de toda clase, vapuleados por la situación económica y del empleo, comprobar cómo la presidenta y quien está a su alrededor tienen un trato privilegiado para sus sueldos y rentas, mientras propugnan austeridad para los demás', asevera UGT mientras subraya que, por el contrario, según los Presupestos Generales del Estado, ni el sueldo del presidente José Luis Rodríguez Zapaterp ni el del vicepresidente y el de los ministros han experimentado subidas.

Ante esta situación, la FSP-UGT de Madrid exige a Aguirre, a su Gobierno y altos cargos que devuelvan al presupuesto público la diferencia que estén cobrando en 2009 sobre lo percibido en 2008 y que se haga público mes a mes los altos cargos que cobran complemento de productividad, así como las cuantías exactas. 'La ocultación y la mentira, por higiene democrática, no pueden cohabitar con la acción política', concluyó.

Entre los datos que manejan, por ejemplo, se recoge que un jefe de Gabinete va a cobrar 57.069,11 frente a los 56.472,04 euros de 2008; o el sueldo de un viceconsejero, que ha pasado de 94.478,36 euros a 95.043,96 euros.+

El sindicato recuerda que a finales de junio de 2008, Aguirre cesó de su Ejecutivo a varios de sus consejeros, una decisión que fue presentada como una remodelación del Gobierno para 'ahorrar y adelgazar la Administración Autonómica'.

Sin embargo, el sindicato ha comprobado que esto al final no ha sido verdad, al tiempo que denunció que el Gobierno regional, legislando de este modo, puede aplicar 'incrementos salariales que escapen al control parlamentario y sindical, y por tanto, a la información pública y al juicio de la ciudadanía'.