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Unidas contra el asedio inmobiliario

Nace la primera entidad antimobbing de España

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Es pionera y se escribe en femenino. Barcelona acogió ayer el acto de presentación de la Asociación de Afectadas por el Acoso Inmobiliario (AAAI), la primera entidad de estas características que se crea en España. La abogada Laia Serra, especializada en la materia e impulsora de la AAAI, explicó que el nombre de la entidad responde a un 'homenaje' a las víctimas más habituales del fenómeno. 'Este es un delito muy común y que afecta a personas de todas las procedencias, pero sí es cierto que los afectados más combativos que he conocido eran mujeres', añadió la letrada.

A la presentación del acto en Barcelona, una de las ciudades de España con más denuncias presentadas por acoso inmobiliario, asistieron dos mujeres que han sufrido esta práctica, Montserrat Berdeny y Rosa Talón. La primera disfrutó de una victoria legal el pasado año, cuando un juez condenó a la inmobiliaria propietaria del edificio donde vive a reformar la finca. La segunda está a punto de perder la vivienda donde su familia ha vivido durante el último siglo, a pesar de que la Fiscalía ha pedido tres años de prisión para el propietario de la finca donde Rosa ha sufrido acoso inmobiliario durante los últimos 20 años. A la espera de que esta causa penal se juzgue, el procedimiento civil ya ha determinado el desahucio de la inquilina, que podría hacerse efectivo hoy mismo.

La nueva entidad nace con el objetivo de dar apoyo a las personas, hombres y mujeres que se sientan víctimas de acoso, una práctica que, según detalló Serra, genera 'angustia, rabia, impotencia, tristeza, aislamiento y apatía en los arrendatarios'.

La AAAI pretende convertirse en un interlocutor más en esta materia y ha preparado un cuestionario para que las víctimas del acoso se reconozcan como tales. Además, ha elaborado un protocolo de actuación que apuesta por formar agentes de la Policía Judicial en el mobbing, y que no se sobresean estos casos en el Juzgado de Guardia sin la declaración de la víctima, informes de los bomberos, Guardia Urbana o Colegio de Administradores de Fincas.

También pide a los ayuntamientos que no concedan licencias de derribo sin saber si hay arrendatarios o sin comprobar si existían órdenes de conservación que no se han cumplido.

Barcelona tiene desde el año pasado el único fiscal especializado en esta materia de España, tras un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Fiscal Superior de Catalunya, Teresa Compte. La mayor investigación iniciada por el fiscal, Fernando Rodríguez Rey, es una querella contra siete personas que trabajaban en cinco sociedades a las que se acusa de haber acosado hasta a 166 inquilinos de pisos de Barcelona. Las víctimas, según el fiscal, eran 'vulnerables por su edad, poca formación y escasos recursos económicos'.