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Uribe sellará su alianza con EEUU sin desvelarla

El Consejo de Estado colombiano dictamina que el acuerdo de las siete bases militares que se firmará mañana debería haber sido aprobado por el Congreso

ANTONIO ALBIÑANA

Sin la consulta al Parlamento prevista por la Constitución y sin cumplir su promesa de dar a conocer el texto del acuerdo a sus vecinos suramericanos, el Gobierno de Álvaro Uribe firmará mañana el pacto con Estados Unidos para la instalación de siete bases en territorio colombiano.

En una visita in extremis a Washington el pasado martes, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, intentó sin éxito maquillar los aspectos más polémicos del texto: la inmunidad para los militares estadounidenses y sus familias y, su libre circulación por el país con la correspondiente reserva de actuaciones.

Según el dictamen del Consejo de Estado que, aunque no es vinculante supone una carga de inconstitucionalidad para la decisión de Uribe, antes de firmar el acuerdo con Estados Unidos, el Gobierno estaba obligado a pasar el texto por el Congreso y cumplir el trámite de control constitucional.

A pesar de contar con la mayoría parlamentaria, el Gobierno de Uribe ha esquivado el desgaste en un debate público, ante el temor de que las críticas se sumaran al escándalo descubierto esta semana por la concesión de ayudas millonarias a fondo perdido que el Ejecutivo ha realizado a terratenientes que contribuyeron a la campaña para la reelección del actual presidente.

La tesis de Uribe es que el contrato para la instalación de las bases es una simple prolongación de los acuerdos vigentes con EEUU, que se han ido ampliando desde el tratado de 1959 y que han incluido adiciones como el Plan Colombia, suscrito por su antecesor Andrés Pastrana. Sin embargo, el Consejo de Estado y la oposición consideran que el acuerdo entra de lleno en lo previsto en el artículo 173 de la Constitución, ya que supone 'tránsito de tropas, equipo militar y armamento de otros países'.

Colombia dará una inmunidad total a los militares estadounidenses

Las negociaciones secretas entre los representantes del Pentágono y los militares colombianos se iniciaron a comienzos de este año, una vez se supo que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cerraba la Base de Manta, un complejo militar dedicado a combatir el narcotráfico.

La línea de defensa de Álvaro Uribe, a la hora de enfrentarse a los recelos de sus vecinos, sobre todo de Venezuela y Brasil, ha sido la misma que empleó el entonces presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, en 1999 para intentar convencer a sus detractores de que permitir una base estadounidense en Manta era el mejor antídoto contra la crisis. No se trataba de una 'base' en sentido estricto, sino de un 'acuerdo de cooperación concerniente al acceso y uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea de Ecuador en Manta para actividades aéreas antinarcóticos'. En realidad, el Pentágono eligió Manta para reemplazar a la base panameña de Howard, el lugar desde donde se bombardeó la capital del país en 1989 durante el derrocamiento de Eduardo Noriega.

Uribe sostiene que el pacto que se firmará mañana en Bogotá no supondrá tampoco la instalación de bases de EEUU en sentido estricto, sino la utilización por parte de su Ejército de instalaciones colombianas.

Sin embargo, pocos dudan de que en las bases terrestres y aéreas de Malambo, Palanquero, Larandia, Tolemaida y Apiay, así como en las marítimas de Bahía Málaga y Cartagena, las fuerzas estadounidenses tendrán lo que se ha empezado a denominar 'bases en las bases', es decir, zonas a las que no tendrán acceso los colombianos.

Los norteamericanos se reservan el uso de áreas internas dentro de las bases

Tras el mencionado acuerdo para la utilización de Manta, el Pentágono firmó con el sucesor de Mahuad, Gustavo Noboa, un 'convenio operativo adicional' para el 'establecimiento de una instalación en la que se pueda proteger la información confidencial sensible' y a la que el personal ecuatoriano tampoco tuvo acceso.

Lo mismo se ha previsto ahora entre Colombia y EEUU. Los negociadores del Pentágono prevén la realización de 'cambios, mejoras y acondicionamientos necesarios' en las bases colombianas donde se instalen, así como 'áreas de uso exclusivo para militares estadounidenses'. Para una próxima negociación han dejado la letra pequeña: 'un acuerdo de aplicación para negociar por parte de agentes ejecutivos de ambos países' el modo en el que se regularán las decisiones clave. Se trata de asuntos como el número de militares necesarios y las condiciones de uso de la información clasificada. El recelo de los vecinos sobre futuras acciones de inteligencia sobre el continente parece más que justificado.

Otro aspecto polémico del pacto es el de la total inmunidad de los militares estadounidenses y de sus familias, a los que se asimila al personal diplomático acreditado. Una cláusula leonina que EEUU ya no usa con esa amplitud salvo en países asiáticos en guerra, como Afganistán, y que levanta dudas ante delitos impunes cometidos en los últimos años por sus soldados en Colombia, incluyendo violaciones y tráfico de drogas.

Venezuela
El caso de Rodrigo Granda
Este destacado miembro de las FARC fue secuestrado en Caracas el 13 de diciembre de 2004 después de una extraña operación planificada por la CIA y ejecutada por policías venezolanos pagados por Colombia.

Bolivia
Morales expulsa a la DEA
El 31 de enero, el Gobierno de Evo Morales expulsa del país a 36 agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y al embajador estadounidense. Bolivia les acusa de conspirar contra él durante las protestas que sacudieron algunos departamentos opuestos al presidente.

Honduras
Escuadrones de la muerte
El Batallón 316 (cuyo líder fue Billy Joya, hoy asesor de Micheletti ), autor de cientos de asesinatos en Honduras, nació con el apoyo de la CIA y la aprobación del ex embajador de EEUU, John Negroponte.

Ecuador
La herencia de manta
El Ejército estadounidense que ocupó la base de Manta hasta el mes pasado tiene pendientes 200 denuncias de organismos oficiales y ONG de Derechos Humanos por desmanes cometidos en los diez años de actividad. Incluyen la desaparición de personas, homicidio y violación.

Colombia
Violación de menores
El sargento Michael Coen y el contratista César Ruiz, adscritos a la Base de Tolemaida (la más grande de EEUU) en Colombia, violaron a la niña de 14 años Olga Lucía Castillo, después de drogarla. Los dos estadounidenses huyeron a su país en cuanto fueron denunciados en los tribunales. El caso fue archivado.

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