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De la Vega dice que la derecha siempre promete más penas y menos impuestos

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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha reivindicado la gestión del Ejecutivo sobre seguridad e inmigración, y ha afirmado que la "derecha" siempre promete en campaña "más penas, más castigos" y "menos impuestos", pero luego "no lo lleva a la práctica nunca".

En el transcurso de Los Desayunos de la Agencia EFE en el hotel Westin, De la Vega ha resaltado que ese planteamiento del PP es "muy demagógico, porque ellos no son nuevos", y, por ejemplo, el líder del PP, Mariano Rajoy, dejó al Gobierno socialista "700.000 irregulares trabajando, explotados", y redujo en 7.000 el número de policías.

El Gobierno, por el contrario, está "liderando" las actuaciones tanto en materia de seguridad como de inmigración, asuntos que el ejecutivo aborda, según Fernández de la Vega, con "rigor y responsabilidad".

La vicepresidenta se ha preguntado de qué habla el PP en materia de seguridad y de inmigración "si la plana mayor del equipo que pretende gobernar" cuenta con Rajoy y con Ángel Acebes, que fueron ministros del Interior, y con Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo, quienes espera que hayan "aprendido" de la gestión del actual Gobierno.

Respecto a la seguridad, la también cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso ha felicitado al PP por reconocer ahora que "es un derecho de ciudadanía, no para el que se la pueda pagar", y ha reivindicado que se ha hecho una "gestión buena" porque la seguridad ha sido un "elemento fundamental" de la acción de Gobierno.

Sobre la propuesta de Rajoy de rebajar la edad penal del menor, De la Vega ha recordado que la ley de Responsabilidad penal del menor "la hizo Aznar, con nuestra abstención, y la hemos mejorado nosotros", y ha resaltado que las reformas penales deben abordarse "desde el consenso y la reflexión, no desde una posición demagógica".

En materia de inmigración, el Gobierno se encontró "con el mayor número de ilegales que ha habido en este país" y ha promovido, según De la Vega, una política de inmigración "legal y ordenada", en la que ha exigido obligaciones, derechos y deberes, y ha luchado de forma "absolutamente firme" contra la inmigración ilegal.

"Lo único que sabemos del PP es que en su día lo que hizo fue más irregularidad; ni derechos ni deberes", ha dicho la vicepresidenta, quien ha calificado de "irresponsable" la propuesta de que los inmigrantes legales tengan que firmar un contrato, algo que puede "promover la confrontación e incluso el racismo y la xenofobia".

Por otro lado, ha lamentado que haya autonomías que utilicen las instituciones democráticas "como ariete contra el Gobierno, sin darse cuenta de que al final lo que hacen es perjudicar a los ciudadanos", y ha puesto como ejemplo el "boicot" en la aplicación de la Ley de Dependencia o la Renta de emancipación.

Para De la Vega, es "absolutamente intolerable" que algunas Comunidades "regidas casualmente por el PP" estén "ralentizando u obstaculizando" el cumplimiento de lo dispuesto en una ley, y ha afirmado que el Gobierno "va a apoyar a esos ciudadanos en el reconocimiento del ejercicio de un derecho".

La vicepresidenta ha asegurado que durante la legislatura ha habido una relación "razonable y respetuosa" con la Conferencia Episcopal, y ha lamentado que en los últimos meses un sector de ésta haya expresado posiciones "que no son razonables ni de recibo" sobre actuaciones del Gobierno, el cual exige el mismo respeto que ha dado.

La candidata socialista se ha mostrado convencida de que el 9 de marzo van a "mejorar resultados" en toda España, porque "el cambio se ha comprometido y la gente continúa queriendo el cambio, no quiere volver atrás", mientras que el PP mantiene unas posiciones "muy a la derecha".

Ha manifestado que "por supuesto" habrá debate electoral, y que está dispuesta a debatir "con quien quiera, con el candidato que figura, con el que no figura", con quien el PP "decida, cuando decidan y como decidan".

De la Vega ha denunciado que el PP "ha derogado" el trasvase del Ebro, pues durante cuatro años "ha promovido la confrontación territorial y ciudadana", ha utilizado "manifestaciones en Alicante, Murcia, Valencia y hasta Madrid, porque era clave", y ahora "deja de serlo", por lo que debe explicar a los ciudadanos "por qué les han engañado".