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Veinticinco detenidos por una macroestafa de 10 millones en multipropiedades

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La Policía ha detenido a veinticinco personas por una macroestafa de diez millones de euros en la gestión de multipropiedades en una operación desarrollada principalmente en Tenerife y que ha permitido esclarecer más de 2.000 estafas.

Los arrestados conseguían, gracias a empleados infiltrados en otras empresas del sector, listados de ciudadanos alemanes propietarios de derechos de uso de viviendas por turnos en las islas Canarias, a los que ofrecían ventajosas, aunque ficticias ofertas de compra de sus derechos que, aunque nunca llegarían a producirse, requerían antes el pago de impuestos inexistentes.

Así, según informa la Policía Nacional, cometieron más de 2.000 estafas, que han sido esclarecidas con la colaboración de la Embajada de Alemania y el Consejo General del Notariado.

Los estafadores se presentaban como intermediarios de hipotéticos compradores interesados en la adquisición del derecho del que eran titulares las víctimas.

Una vez que las convencían para que dieran ese paso, se producía un intercambio de documentos, con la intervención de supuestos notarios o de la propia Agencia Tributaria.

Con esta operación pretendían dar apariencia de veracidad para que la víctima diera el siguiente paso: efectuar una serie de pagos con el fin de cumplimentar los tramites administrativos "imprescindibles" para que la operación se cerrara.

Estos trámites eran inexistentes, la venta no se producía finalmente y los estafadores desaparecían con el dinero adelantado por las víctimas mediante transferencias bancarias o pagos a través de servicios de envío de dinero.

Las primeras investigaciones permitieron localizar a un individuo de origen alemán, que hacía uso de multitud de identidades falsas, abrió cuentas y cobró grandes cantidades procedentes de las transferencias que realizaban las víctimas.

Tras este hallazgo, los agentes identificaron al resto de integrantes de la banda desarticulada con veinticuatro detenciones en Tenerife y una más en Gran Canaria.

En la banda las funciones se repartían: había una cúpula que gestionaba los listados, diversos mandos medios encargados de repartir potenciales víctimas, gestionar las comunicaciones con las mismas, supervisar las cuentas bancarias, confeccionar la documentación falsa y de reclutar nuevos miembros, además de meros testaferros.

En los registros, además de documentación falsa y multitud de listados, se han hallado más de 9.000 euros.