El miércoles fue el turno de hijas de desaparecidos y este jueves, el de las nietas. Sus testimonios ante los siete magistrados que juzgan a Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo volvieron a demostrar que, pese a los años transcurridos, las heridas no cicatrizan si no hay justicia, verdad y reparación.

Una de ellas, María Antonia Oliver París, de la asociación de la Memoria Histórica de Mallorca, fue muy elocuente. 'Mi madre tiene 87 años. Mi abuela ya murió y la muerte cerró sus heridas. Lo que pretendo es que mi madre pueda cerrar las suyas antes de morir', dijo con la voz entrecortada.

Josefina Musulén Giménez, de la asociación de Aragón, explicó que estos colectivos comenzaron a constituirse en 2000 por parte de los nietos, que mantienen 'la misma dignidad, pero no el mismo miedo' que sus padres, los hijos de los que empezaron a desaparecer justo después del golpe de Estado de Franco.

A la pregunta de por qué acudieron a la vía penal y, en concreto, a la Audiencia Nacional para denunciar, Musulén afirmó que 'era la única opción' que les 'quedaba', encontrar 'la justicia y reparación' que buscaban con la 'investigación de lo que había pasado'.

La testigo relató cómo, el 13 de agosto de 1936, un grupo de falangistas se llevó a su abuelo, que pertenecía a la CNT, y a su abuela. Ella estaba embarazada. Los vecinos contaron que les pareció que había roto aguas cuando la subieron al camión. Cuando una hermana fue a buscarla, le dijeron que 'el tiro de gracia le había reventado la tripa', pese a que se suponía que no se fusilaba a mujeres en estado de gestación.

El padre de una de las testigos busca desde hace 33 años a una hermana robada

Sin embargo, después, unos amigos de su abuelo le contaron que la vieron en el hospital, porque compartió habitación con su hija, y que, incluso, esta la acompañó al paritorio. Tuvo una niña, pero nunca más volvieron a ver ni a la pequeña ni a la madre. 'Fue cuando mi padre descubrió que había tenido una hermana sana, y llevamos 33 años buscándola', aseguró.

Para ello, acudió al hospital a revisar los archivos, pero detectó que a partir de julio de 1936 faltaban muchas hojas. 'Les aseguro que no hay una piedra en Aragón que no haya sido levantada, pero no la hemos encontrado', lamentó.

Pese a cómo han ido las cosas, con el único juez que ha abierto una investigación penal sentado en el banquillo de los acusados por prevaricación, la testigo no pareció resignada y anunció que, 'dependiendo de cómo vaya el juicio' que se celebra en el Supremo, su asociación decidirá si continúa reclamando justicia ante los tribunales europeos.

María Antonia Oliver detalló ante el tribunal que preside Carlos Granados cómo se produjo la represión en Mallorca. Señaló que 'los asesinatos y ejecuciones empezaron el mismo 19 de julio' y que en la denuncia que presentaron en la Audiencia Nacional incluyeron un informe histórico. Entendían que se trataba de desapariciones forzosas que son delitos permanentes, que no prescriben. 'Nos llenó de esperanza comprobar que crímenes similares, en Chile y Argentina, se habían investigado', afirmó.

Las víctimas 'son ciudadanos españoles que están sufriendo', aseguró

En esa denuncia sólo recogieron los nombres de 86 desaparecidos, porque la asociación era muy joven, pero ahora tienen constancia de 1.600 de los 3.000 asesinados que se produjeron en pocos días en una población de 300.000.

Uno de ellos era su abuelo. Su abuela, que se negó a firmar los papeles de defunción porque no lo había visto muerto, sólo cerró su herida con su propia muerte. Su madre, que tenía 10 u 11 años cuando su padre fue detenido, le contó que ella llevaba la comida a la cárcel a su padre y otros familiares hasta que, en la primavera de 1937, le dijeron que habían salido en libertad.

El resto de presos le contaron que salieron maniatados de las celdas y que sabían que 'les llevaban directamente a la muerte', por eso se despidieron de sus compañeros.

Un testimonio relató la búsqueda de un abuelo secuestrado por falangistas

Pese a la supuesta puesta en libertad, el abuelo de Oliver nunca apareció. Tanto a su madre como a su abuela les dijeron que 'su padre era un rojo y los rojos eran cobardes, por lo que lo más probable es que hubiera huido a Menorca o a Barcelona, o con otra mujer'.

A la pregunta de por qué habían esperado tanto para denunciar el caso, la respuesta de la testigo fue similar a la que había dado la que la precedió ante el tribunal. Explicó que 'la mayoría' de las víctimas de la dictadura fue educada 'en tiempos de dictadura' y 'no sabían que tenían este derecho'.

Entiende que 'los nietos tienen el derecho y el deber de denunciarlo, porque su dolor y su sufrimiento es permanente. Viven entre nosotros, son nuestros vecinos, son ciudadanos españoles que están sufriendo', aseguró. Por eso, una de las dos subvenciones que recibió su asociación se destinó a pagar a un psicólogo, 'que lo necesitan de veras', dijo. La vista sigue el lunes con seis nuevos testigos de los crímenes del franquismo.