Público
Público

Las vidas que Ana Botella quiere desalojar por 21 millones de euros

117 familias se verán afectadas por la venta de cinco edificios de viviendas sociales a la empresa Renta Corporación por el Ayuntamiento de Madrid. Entre ellas, personas de avanzada de edad, con minusvalías reconocidas y mujeres q

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

El Ayuntamiento de Madrid firmó el pasado 18 de octubre un contrato de opción de compra con la empresa Renta Corporación, de la que el marido de Cospedal es consejero, para desprenderse de cinco edificios, hasta ahora destinados a viviendas sociales, por 21 millones de euros. 117 familias viven en ellas. En el 55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía. Nadie les ha hablado claramente. Tras más de 20 años en sus casas, tres asistentas sociales se personaron en el domicilio de algunos de los vecinos y les anunciaron que tendrían que abandonar su hogar porque el edificio iba a ser vendido, según reconocen los inquilinos. Algunos de ellos ya han recibido notificación oficial de que el Ayuntamiento ha decidido 'no prorrogar los contratos' por lo que deben desalojar sus viviendas.  

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) insiste en que los vecinos serán realojados en otras viviendas del Consistorio en “similares condiciones a las actuales”. La inmensa mayoría de los vecinos, sin embargo, no se cree las palabras de la empresa pública. Creen que son víctimas de un 'pelotazo' del Ayuntamiento, que ha recurrido a esta operación para sanear su maltrecho balance.

El hecho de que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, sea consejero externo independiente de la empresa que ha firmado la opción de compra hace desconfiar aún más a los vecinos. El máimo responsable de la EMVS, Fermín Oslé, calificó este hecho como una “una coincidencia” en la Comisión de Urbanismo del pasado martes y la empresa compradora, Renta Corporación, emitió un comunicado en el que desvinculaba a López del Hierro de la compra. El PSOE, elevó el conflicto a nivel nacional y su portavoz de Vivienda en el Congreso, lo calificó de “vergonzoso”. “Esto es el colmo del cinismo, la desvergüenza y la indecencia política”, aseguró.

Los vecinos aceptan de buen grado la ayuda que muestra el PSOE e Izquierda Unida pero desconfían de las palabras de los políticos. Para ellos la situación es mucho más sencilla y se reduce a términos de humanidad.

“Llevo 25 años viviendo en esta casa. Llegué aquí porque la casa donde nací y donde nacieron mis padres y mis abuelos, que está a dos calles de esta, se caía a trozos y el Ayuntamiento nos metió aquí. Ahora, a mis 87 años que cumplo en enero quieren que me vaya. No sé donde. Hablan de Vallecas o Carabanchel. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Si lo piensas fríamente no entra en ninguna cabeza. ¿Cómo va a echar el Ayuntamiento a unos viejos de su casa? Para mí mudarme de esta casa significa la muerte”, explica a Público Pilar Alcaraz entre lágrimas.

Más allá de las cifras económicas, las leyes que prohíben o permiten la venta de la vivienda y las palabras de los partidos políticos, Público se ha adentrado en la casa de cinco de los vecinos para conocer su situación personal y cómo están viviendo el proceso de venta de las que han sido sus casas durante más de 20 años. Esta es la historia de las personas cuyo bienestar debería perseguir el Ayuntamiento de Madrid.


Pilar Alcaraz, de 86 años de edad, no ha conocido otro barrio que el de Lavapiés (Madrid). Llegó a su actual casa en marzo de 1987 cuando la vivienda familiar donde había nacido fue comprada por el Ayuntamiento porque “estaba a punto de caerse a trozos”. Entonces, el Consistorio, gobernado por Tierno Galván, le ofreció una vivienda a apenas dos calles de distancia del hogar que tenía que abandonar. “Una casa para el resto de mi vida”, pensó Pilar cuando firmó un contrato indefinido. El Ayuntamiento, sin embargo ya no lo piensa lo mismo.

Pilar vive sola. Su marido falleció hace unos meses. Se maneja para hacerse de comer y mantener limpia la casa. Por su carácter y a pesar de sus maltrechas rodillas no puede estar quieta. Uno de sus hijos, vecino del barrio, la ayuda en todo a lo que ella ya no alcanza a hacer. Los vecinos de su corrala conforman la otra parte de su familia. “Nos conocemos de toda la vida, somos como una gran familia”, asegura.

'Soy del barrio de toda la vida y aquí quiero estar hasta que me muera' Nadie de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid se ha puesto en contacto con ella. La primera noticia que tuvo sobre la intención del Ayuntamiento de vender su casa la recibió mediante los medios de comunicación. No se lo podía creer. En su razonamiento no entra la idea de que el Ayuntamiento, que debe representar la voluntad de los ciudadanos, quiera vender unos edificios que están siendo ocupados por 117 familias. 

“Empezamos a tener sospechas de que algo estaba pasando hace dos meses cuando la EMVS comenzó unas obras de restauración del edificio sin comunicárnoslo. Pensé que el edificio tendría algún problema de estructura pero, ¿cómo iba a pensar que nos quieren echar?”, se pregunta Pilar, quien asegura que cambiar de domicilio a sus años es una posibilidad que ni podía imaginar.

El martes su comunidad de vecinos se reunió con la EMVS. Allí conoció por primera vez la intención del Ayuntamiento de manera oficial. Simplemente la idea de tener que abandonar su casa hace que se le salten las lágrimas. Su postura es clara y rotunda. No piensa moverse de donde ha vivido los últimos 25 años ni del barrio donde nació ella, sus padres y sus abuelos. Ser realojada en otra vivienda “significa la muerte”.

“En enero cumplo 87 años. Nunca he vivido en otro sitio. Conozco a la gente del barrio, a los vecinos, la gente del Mercado donde compro. Soy del barrio de toda la vida y aquí quiero estar hasta que me muera. Nos han dicho que miremos otros pisos porque vamos a ir todos fuera. ¿Y qué seguridad tengo de que dentro de dos años no vuelvan a obligarme a cambiar de casa?  ¿Tenemos que tener la casa a cuestas? ¿Qué vida es esta? Yo he cumplido el contrato. Ellos ya no”, concluye Pilar. 

Javier, de 54 años, vive en el inmueble de la calle Madera desde 1991. Su caso es uno de los más graves. Padece una minusvalía psíquica del 65% y tiene un contrato de alquiler indefinido. El martes recibió una carta de la EMVS que le informaba que debía abandonar su casa antes del 13 de diciembre. Ni siquiera le llegó la carta con un mes de antelación. El Ayuntamiento, según reconoce Javier, ya le ha ofrecido cambiarse a otras casas situadas en otros barrios. Él se niega. 

El miedo de Javier es convertirse en un peregrino de viviendas sociales“Me dijeron que podía elegir el sitio que quisiese para vivir. Pero sé que es mentira. Es lo que me dicen para que me vaya pero no me pienso ir. Cuando he ido a la EMVS lo dije bastante claro. Yo no me voy de mi casa. ¿Por qué? Pues porque no. Porque me quieren dar casa en un sitio lejos de donde he vivido siempre. Me quieren marginar para hacer negocio”, asegura.

Javier habla sin tapujos. No tiene inconvenientes en señalar que él no entiende al 100% todo lo que está sucediendo pero advierte de que el motivo de la venta es la “necesidad del Ayuntamiento de tapar agujeros”. “Esto es un pelotazo”, asegura Javier, frase que los vecinos repiten sin cesar. “Gallardón, sí, ese que se ha ido a Justicia, dejó al Ayuntamiento de Madrid endeudado hasta las cejas. Ahora tienen que sanear las cuentas y no han encontrado otra fórmula mejor que echándonos de nuestras casas”, denuncia Javier.

Su miedo, como el de Pilar, es convertirse en un peregrino de viviendas sociales durante toda su vida. “¿Si van a vender esta por qué no las demás? Lo harán cuando les sea rentable”, afirma. Porque para Javier el concepto clave de este conflicto es el de la rentabilidad. “Ya no hay vidas humanas, hay números”, sentencia.

El caso de Mari Carmen ejemplifica la situación de otras tantas familias con niños que habitan en los cinco edificios que el Ayuntamiento pretende vender. Es madre de familia numerosa. Vive en el inmueble de la calle San Cayetano junto a su marido, sus tres hijos, de veinte, ocho y seis años, y su madre. Su esposo está en paro desde hace cuatro años. Ella trabaja limpiando casas y la familia consigue llegar a final de mes gracias a la pensión de algo menos de 800 euros de su madre.

'Ni siquiera sé que responder a mis hijos cuando me preguntan qué está pasando'

Sin embargo, la mayor preocupación de Mari Carmen es la escuela de sus hijos. Los dos niños, de ocho y seis años, están escolarizados en un colegio del barrio. La mujer teme que tenga que cambiarlos de colegio a mitad de curso ante la imposibilidad de trasladarlos al barrio si son realojados en otro barrio. “¿Dónde llevo a mis hijos? ¿Dónde los escolarizo a mitad de curso? Ni siquiera sé que responderles cuando me preguntan qué está pasando”, asegura.

Las obras de rehabilitación que está llevando a cabo el Ayuntamiento en el edificio antes de su venta afectan de manera importante al domicilio de Mari Carmen y su familia. Su hija se despertó una mañana con un obrero taladrando la pared donde está el cabecero de su cama. Nadie les comunicó que iban a empezar las obras.

“Un día mi marido abrió las ventanas y vio que habían puesto andamios. Durante el mes de agosto he estado sin balcones porque también los estaban reformando.  No hemos podido ni abrir las ventanas por miedo a que mis hijos se cayeran por la ventana”, denuncia.

Su contrato finaliza en junio de 2013. De momento, no ha recibido ninguna carta comunicándole que tiene que abandonar su vivienda. Sin embargo, no tiene dudas de que, tarde o temprano, la recibirá. “Sí que me han llamado para tener una cita individual conmigo para ver qué planes tenemos. Me he negado a ir. Quieren convencernos uno a uno, pero no. Permaneceremos todos juntos”, advierte. 


Antonio habla despacio. Trata de argumentar todo lo que dice, pero su memoria ya le falla. En el último año ha sufrido dos ictus. El primero le provocó la pérdida de la visión en el ojo izquierdo, el segundo, en mayo de este año, le ha afectado al sentido de la orientación. Vive con su hija que, actualmente, está en paro. La recuperación de Antonio está siendo difícil. El segundo ictus le afectó severamente y, aunque evolucionaba positivamente, la noticia de que debe desalojar su vivienda le está haciendo “caer en picado”, reconoce su hija.

'No me creo que me vayan a buscar un buen sitio ni que me vayan a proteger'

“Yo sólo soy un jubilado que ha trabajado muchos años en la fábrica Peugeot y que ha ejercido de sindicalista durante muchos años con UGT. Aunque los sindicatos ya no son como eran antes. Ahora el capitalismo está dentro de ellos”, se presenta Antonio.

El 29 de octubre, apenas 11 días después de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y Renta Corporación, tres asistentas sociales visitaron su casa para darle la noticia de que debían abandonar su casa y emplazarlo a ponerse en contacto con la empresa pública para su realojo. Como la inmensa mayoría de los vecinos, Antonio se resiste a marcharse. “Yo resistiré en mi casa tanto como el último. No me voy. Me dicen que tengo derecho a estar aquí y confío en que así sea”, asegura.

Este hombre llegó al inmueble de la calle Embajadores 45 tras tener que abandonar una casa que tenía en propiedad porque la estructura no aguantaba más. El Ayuntamiento compró su casa y le ofreció otra con carácter permanente aunque ya “nada es permanente” como señala Antonio. La EMVS se ha puesto en contacto con él para tratar de buscar un realojo pero “él no se cree nada”.

“No me creo nada de esta gente. No me creo que me vayan a buscar un buen sitio ni que me vayan a proteger. Nos llevarán al quinto pimiento para morir allá. Con el tiempo que llevo aquí, la edad que tengo y mis problemas de salud no entiendo por qué no me dejan seguir aquí”, se lamenta.

Ana pide ayuda a Jesús para que “estos sinvergüenzas no puedan hacer lo que quieren”. Lleva viviendo en Embajadores 45 desde 1989 cuando fue realojada de una vivienda vecina. Ella también recibió la visita de las trabajadores sociales de la EMVS. “Me dijeron que podía pasar la Navidad en casa pero que después me tendría que ir”, asegura.

'Esto es un pelotazo y un negocio que pensaban que sería perfecto'Vive con su marido y con su madre, de 84 años, que sufre deterioro cognitivo. Su vida no ha sido fácil. Su hija murió de leucemia hace ocho años y su otro hijo sufrió una muerte súbita con 31 años. Ella superó un cáncer de colón en 2010. Quizá por todo lo que ha pasado, Ana, que nunca deja de sonreír, se muestra fuerte y combatiente. Se niega en rotundo a aceptar los planes que el Ayuntamiento tiene para ellos. “Vamos a luchar hasta el final para que prevalezcan nuestros derechos”, afirma.

Una de los asuntos que más le preocupan es alejarse del centro de salud del barrio. Allí están los médicos que la han tratado a ella y que siguen el tratamiento de su marido, que fue operado del corazón recientemente. “Tenemos aquí los médicos. Cuando la EMVS se plantea vender,  ¿piensa en las vidas que tenemos los que vivimos aquí?, se pregunta Ana. 

Como mucho de los vecinos, la única explicación que encuentra a la situación que está viviendo es la necesidad del Ayuntamiento de “ingresar dinero”. “Esto es un pelotazo y un negocio que pensaban que sería perfecto. A unos pisos que eran para vivienda social le quitan la protección, les ponen precio y los vende. Dinero rápido”, denuncia Ana, quien antes de despedirse anuncia querer lanzar un mensaje a la alcadesa de Madrid, Ana Botella: 'Ya que es tan defensora de la familia, quiero pedirle que esta Nochebuena cuando esté cenando se acuerde de las 117 familias a las que les quiere vender la casa'.