Cuando se conoció la histórica condena de cárcel para un grupo de Mossos d´Esquadra por torturas y lesiones a un detenido, los rumores en los juzgados apuntaron a que el recurso presentado por la Generalitat de Catalunya sería inútil.

Tal vez se equivocaron: un vídeo realizado por la agencia de detectives Método 3 cuestiona la credibilidad de Ana María M. P., testigo que resultó fundamental en aquella sentencia. En la grabación se muestra a la mujer recibiendo dinero de un abogado por ofrecer falso testimonio en otro caso de maltrato policial. Pero el abuso no era tal: era un montaje preparado por uno de los detectives, que alquiló una habitación en el piso de Ana María M. P. y días más tarde le explicó que había tenido un problema con los Mossos.

Ella le explicó que había tenido diversos problemas con la policía y no ocultó su animadversión. 'No puedo con ellos', exclamó. A continuación, le aconsejó sobre cómo manejar la situación en un tribunal y le indicó que debía convencer a un amigo para declarar a su favor y presentar una denuncia.

El detective le explicó después que su amigo no declararía en falso y le preguntó si ella lo haría. 'Sin ningún problema, yo te hago el favor, a estos cabrones no les tengo miedo', le respondió Ana María M. P., que solicitó, a cambio, dinero por su testimonio y también una parte de la indemnización que obtuviera su inquilino.

Días después ambos visitaron el despacho de un abogado, también detective, donde se tomaron las imágenes del vídeo. Ana María M. P. aceptó entonces el pago de 500 euros por declarar falsamente contra los agentes. En la misma reunión Ana María P. explicó que no había cobrado en el caso en que se condenó a cinco agentes y que había presenciado los hechos enjuiciados.

La agresión al ciudadano rumano L. ocurrió en 2006. Varios agentes se abalanzaron sobre él, le pisaron la cabeza y le golpearon. Después le introdujeron una pistola en la boca exigiéndole que confesara. Su novia, embarazada, también fue detenida y agarrada por el cuello; después entraron en su casa sin autorización judicial.

El próximo día 25 de noviembre el Tribunal Supremo se pronunciará sobre el recurso, en la que es la última instancia a la que pueden recurrir los abogados para evitar las penas para los cinco agentes: tres condenas a seis años y siete meses de prisión, otra de dos años y tres meses, y una multa. La última opción, a pesar de que el plazo para presentar recursos acabó, es que el tribunal entienda que Ana María P. no merece credibilidad. Fuentes de Interior explicaron que están a la expectativa del proceso judicial y que consideran 'graves' los hechos mostrados en la grabación.