Publicado: 07.07.2014 18:30 |Actualizado: 07.07.2014 18:30

"La visibilización mediática de la valla oculta una violación de los derechos humanos sistemática"

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Una comisión de observadores de derechos humanos ha denunciado la dramática situación de los ciudadanos en situación administrativa irregular que se encuentran a ambos lados de la valla fronteriza de Melilla, víctimas de violencia policial, hacinamiento en centros de internamiento, desatención sanitaria y, en el caso de menores sin acompañante, abandono.

"Las denuncias de ONG españolas y marroquíes no sólo están fundadas sino que son más graves de lo que esperábamos", explica Christian Orgaz, activista de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, una de las organizaciones que han visitado este pasado fin de semana la Ciudad Autónoma para dar cuenta de la "gravedad" de las condiciones que atraviesan los migrantes que intentan cruzar la frontera o se hacinan en el CETI. "Pedimos la presencia de observadores internacionales en Melilla", añade Orgaz, "porque la vulneración de los derechos humanos es constante y diaria".

Tras la visita, que tuvo lugar del 3 al 6 de junio, la comisión entregará un informe al subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU y al Comité Europeo de Pevención de la Tortura del Consejo de Europa, en el que denunciarán "las vulneraciones de derechos en las que están incurriendo los Estados español y marroquí", como indica en unas conclusiones preliminares la comisión, que también está integrada por la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, el Grupo de Acción Comunitaria y el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

"La visibilización mediática de la valla oculta una violación de los derechos humanos diaria y sistemática", insiste Orgaz, que va más allá del perímetro y de las cuchillas, "ya de por sí criminales". Según el miembro de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, las escenas de migrantes intentando saltar la verja esconden otras realidades que se escapan a los medios: no se habla de los niños desamparados, de las mujeres en riesgo de trata y explotación sexual, de la falta de asistencia sanitaria ni de la vulneración del derecho de asilo. "Nos dicen que el CETI está saturado, pero no se explica, por ejemplo, que esa saturación es debida en parte a los refugiados".

En ese sentido, la comisión de derechos humanos ha detectado el "importante número de personas sirias susceptibles de protección internacional, en tanto que desplazadas por el conflicto bélico desencadenando en su país de origen". Los observadores creen que "no ejercen su derecho a la solicitud de asilo ya que saben que comporta permanecer en Melilla durante meses antes de recibir una respuesta". Familias con niños, la mayoría no escolarizados, subrayan.

 

La comisión también censura la violencia con la que se emplean los agentes marroquíes (a quienes acusan de torturas y malos tratos después de las devoluciones en caliente, una práctica "ilegal") y españoles (fotogalería / vídeo). "Las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes se producen debido a los acuerdos en materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos", recuerda la comisión, que sostiene que Madrid y Bruselas son "también responsables de corroborar que en la aplicación de un acuerdo del que son parte no se producen vulneraciones de derechos humanos".

Además de la desprotección de los refugiados y de la dureza de las fuerzas de seguridad (vídeo grabado por Prodein), los observadores denuncian la instalación de "una valla de tres metros con tres filas de concertinas" por parte del Gobierno marroquí; la saturación del CETI (tres veces superior a la capacidad máxima, lo que provoca "hacinamiento e imposibilidad de proporcionar asistencia social y sanitaria adecuada"); el "absoluto abandono por el cuidado y la protección de los menores no acompanados" en Melilla, abocados a la "supervivencia callejera"; y la desatención sanitaria, pues para ingresar en urgencias se les exige "la firma de un compromiso de pago de los gastos", lo que "constituye un instrumento disuasorio". Una asistencia médica "claramente insuficiente", como pudieron comprobar in situ los observadores, quienes denuncian que los migrantes (incluidos los menores) son derivados a centros médicos al otro lado de la valla.

Observadoras de derechos humanos, ante la valla de Melilla. Foto: ciesnowordpress.com