La conciencia pudo más que la disciplina de grupo. Un centenar de diputados se negó ayer a respaldar el dictamen que autorizaba la compatibilidad entre el escaño y las actividades privadas de varios de sus compañeros. En concreto, 43 diputados se posicionaron en contra y otros 47 optaron por la abstención. Diez más, pese a encontrarse en el hemiciclo, prefirieron no ejercer su derecho. El dictamen, que oficialmente apoyaban todos los grupos a excepción de los cinco diputados de ERC-IU-ICV, fue aprobado sólo por algo más de dos tercios de la Cámara, 246 escaños.

El resto aprovechó el secreto de la sesión para saltarse las consignas de su partido y mostrar su rechazo a la aprobación de un buen número de casos polémicos, entre otros los de los conservadores José María Michavila, Ángel Acebes, Manuel Pizarro y Fernando López-Amor [ver recuadro]. La imposibilidad de saber quiénes optaron por mostrar su rechazo al dictamen ni a qué partido pertenecen deja paso a las hipótesis.

Ayer, por los pasillos del Congreso todo era secretismo. Prácticamente ningún diputado aceptaba desvelar el sentido de su voto y quienes lo hacían exigían la máxima discreción al respecto.

Lo que parece más o menos claro es que la mayoría de los rebeldes procedieron de los dos grandes grupos de la Cámara. PNV y CiU no dudaban ayer en calificar la votación de 'un nuevo enfrentamiento entre PP y PSOE'.

Fuentes socialistas reconocían abiertamente que gran parte de los votos 'disidentes' habían partido de sus filas. En su opinión, gracias a ello ha quedado de manifiesto el rechazo a las actividades de algunos diputados del PP, 'claramente incompatibles'.

Casi todos los grupos coincidieron también en apuntar hacia un ligero voto interno de castigo por parte de ciertos sectores del PP. 'Entre ellos sigue habiendo muchas rencillas por resolver', explicaba un diputado.

Los conservadores, sin embargo, niegan que parte de los votos en contra salgan de su bancada. Aunque no podían tener 'la seguridad' de que todo el mundo haya respetado la disciplina, se mostraban seguros de que así era. 'Tú ves lo que votan los compañeros, es muy complicado esconder el voto', explicaba un destacado diputado del PP.

Por si acaso, los conservadores se curaron en salud y alegaron que el dictamen era muy extenso. Según ese razonamiento, el rechazo suscitado podía deberse a las actividades de los diputados de otros partidos. Más de 300 han solicitado compatibilidad, explicaban. Aunque la cifra del PP es cierta, no todos los casos responden a idénticas circunstancias. La enorme mayoría, todos menos 53, limita su actividad a labores relacionadas con su cargo político. 'Muchos marcamos la casilla de conferencias sólo para no cerrarnos a esa posibilidad cuando aparece', explica otro diputado.

En todo caso, es en el PP donde más han escocido las filtraciones del dictamen. El martes, su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría presentó una queja a José Bono por la difusión. Si prospera la iniciativa de PSOE e IU, pronto todos los informes serán públicos.