Un año después de la revuelta étnica entre uiuges y chinos que ocasionó casi 200 muertos, la capital de la región autónoma de Xinjiang, Urumqi, amaneció hoy en tensión y bajo la vigilancia del Ejército chino para evitar nuevos conflictos, según pudo comprobar Efe.

Un total de 46.953 "Ojos de águila", que es como la prensa ha bautizado a las cámaras, controlan día y noche autobuses y sus paradas, calles, escuelas y supermercados, mientras riadas de militares buscan explosivos que puedan provocar una nueva revuelta.

El profesor uigur de Economía en la Universidad de las Nacionalidades de Pekín, Ilham Tohti, uno de los mayores defensores de su pueblo, aseguró a Efe que el control es "muy severo".

"Ahora muchos uigures no tienen confianza en su entorno, les preocupa que alguna palabra que digan se malinterprete. Todo el mundo se muestra muy prudente", explicó Tohti.

Los uigures, etnia autóctona turcomana de credo musulmán, temen hoy hablar sobre la revuelta cuando son preguntados por los periodistas por miedo a que la policía tome represalias en pleno estado de alerta para evitar que se produzcan nuevos disturbios.

La relación entre uigures y chinos en Urumqi se desarrolla bajo tensión, ya que mientras los grandes negocios pertenecen a los colonos han, la mayoría de uigures autóctonos viven en condiciones paupérrimas en las viejas y sucias callejuelas que componen el barrio musulmán de la capital, donde apenas circulan chinos.

Transcurrido un año, la policía todavía somete a un control exhaustivo a cualquier periodista que se desplace a Xinjiang, y los empleados de hoteles tienen que informar a comisaría si alguno se aloja en su establecimiento.

Incluso en Kashgar, cuna uigur y la segunda ciudad más importante de la provincia, los periodistas son interrogados por la policía a su llegada a la ciudad, y se les requisa y destruye cualquier material gráfico que hayan obtenido sobre la demolición del barrio antiguo, propuesto sin éxito para Patrimonio de la UNESCO.

La campaña se materializa en controles continuos de uigures, ciudadanos no residentes, extranjeros, desempleados y ex presidiarios desde hace varias semanas.

Hace hoy un año, lo que comenzó siendo una marcha pacífica en Urumqi de un grupo de estudiantes uigures para pedir justicia por el linchamiento días previos de dos hombres de su etnia a manos de chinos han -la etnia mayoritaria china- en una fábrica del sur de China desembocó en un conflicto étnico.

Según los datos oficiales, estas revueltas acabaron con 197 muertos, en su mayoría de etnia han, más de 1.700 heridos y 1.400 detenidos, lo que la convierte en la peor matanza que ha vivido China desde la de Tiananmen, hace 21 años, cuando el Ejército mató a cientos o miles de estudiantes pro democráticos en Pekín.

Por su parte, el Congreso Mundial Uigur, una asociación que agrupa a los exiliados uigures y que clama la independencia de la zona, eleva la cifra de fallecidos a 800, y diversas investigaciones indican que unos 4.000 uigures han sido detenidos desde entonces.

Xinjiang es una región del tamaño de Europa Occidental poblada por uigures turcomanos y otras etnias asiáticas desde hace siglos que disfrutó de periodos de independencia antes de 1949, cuando al igual que el Tíbet fue anexionada a China tras la instauración de la actual República Popular.

Desde entonces, Pekín repuebla Xinjiang con colonos chinos, por lo que si en 1957 los uigures representaban un 94 por ciento de su población, hoy son menos de la mitad del censo de 20 millones.

La etnia uigur dice sentirse discriminada, acosada y condenada al olvido, ya que los chinos acaparan los mejores empleos, los cargos políticos y la explotación de los numerosos recursos naturales.

Junto al Tíbet, Xinjiang es uno de los polvorines étnicos del oeste de China, pero irrenunciable para la tercera potencia económica por su riqueza en petróleo y otros recursos naturales.

Pekín argumenta que los independentistas uigures tienen vínculos con grupos terroristas, mientras que grupos de derechos humanos y uigures en el exilio acusan al régimen comunista de usar esa justificación para aumentar la represión religiosa y cultural contra esta minoría con presencia en otros países vecinos.

Desde los disturbios, Pekín ha ejecutado a 9 uigures y 26 esperan la pena capital de un total de 198 condenados en juicios que, en opinión de Amnistía Internacional (AI), incumplen los estándares internacionales, por lo que esta ONG pide una investigación independiente tras descubrir nuevos testigos que acusan al Ejército chino de haber disparado contra los uigures en la revuelta.