José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido hoy su "idea de España" en el discurso de investidura, en el que ha apelado a la responsabilidad de Mariano Rajoy para lograr pactos de Estado, ha anunciado medidas urgentes ante la desaceleración económica y ha propuesto una estrategia común frente a ETA.

En una intervención de hora y cuarto, el jefe del Ejecutivo en funciones ha abierto la X sesión de investidura de la democracia y ha ido desgranando su programa de gobierno para una legislatura que, en una primera fase, ha reconocido que será menos favorable para el crecimiento económico y el empleo.

Zapatero se ha dirigido a todos los grupos, y directamente a Rajoy, para, en un clima sereno y de diálogo, consensuar los asuntos de Estado, con acuerdos concretos y urgentes como la renovación de los órganos constitucionales y el sistema de financiación autonómica.

En ese consenso ha destacado la necesidad de una estrategia antiterrorista compartida por todos los partidos tras insistir en que ETA "sólo tiene un destino: poner fin a su barbarie criminal definitiva e incondicionalmente".

"Pido su confianza para alcanzar, mediante la unidad, la victoria de la democracia frente al terrorismo, para disfrutar de una España más segura", ha añadido.

De los 42 folios de su discurso, Zapatero sólo ha dedicado uno y medio al terrorismo y siete a la economía, donde tras reconocer la "incertidumbre" que sienten los españoles, ha anunciado la puesta en marcha inmediata de medidas como la deducción de 400 euros a los contribuyentes y un plan de recolocación para los parados de la construcción, que sufre "un acusado ajuste".

A ello ha sumado la posibilidad de ampliar el plazo de las hipotecas sin coste, la agilización de la devolución del IVA a los empresarios y la bonificación a los que contraten a mujeres de entre 45 y 64 años.

El candidato ha anunciado que, una vez investido, convocará de forma inmediata a los agentes sociales, impulsará el sector de la investigación y el desarrollo, y fomentará la inversión en infraestructuras, todo ello sin aumentar los impuestos y sin reducir el gasto social.

Su apuesta por los derechos sociales durante la pasada legislatura ha sido ratificada hoy al prometer el incremento del salario mínimo, de las pensiones y de las becas educativas, el desarrollo de la ley de Dependencia, la aprobación de una ley de igualdad de trato y la mejora de la protección a las mujeres maltratadas.

Su llamada a todos los grupos, y en particular al PP, para consensuar asuntos de Estado ha tenido un apartado especial para la Justicia y la necesidad de renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

En este contexto, se ha comprometido a que los miembros del CGPJ cesen de forma efectiva una vez que concluyan su mandato para evitar el bloqueo constitucional de la pasada legislatura.

En financiación autonómica, ha abogado por aumentar la corresponsabilidad fiscal y ha propuesto que la reforma se haga en paralelo con la modificación de la financiación local para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

En un momento de especial preocupación por los problemas derivados de la sequía, ha asegurado que no habrá restricciones de agua en Cataluña y se ha comprometido a que el Gobierno sea garante de la solidaridad territorial en la política del agua.

También ha habido un anuncio en el área de inmigración, al avanzar que promoverá fórmulas para incentivar que los inmigrantes que puedan perder su trabajo en los próximos meses regresen a su país, y en la lucha contra el cambio climático, al adelantar que habrá incentivos para las empresas que hagan público su compromiso de reducción de emisiones de CO2.

En el capítulo de política exterior, ha apostado de forma especial por la UE y por Iberoamérica y por abrir un nuevo capítulo de "respeto mutuo" en las relaciones con Estados Unidos.