El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no cree que la convocatoria de huelga de las cuatro asociaciones españolas de jueces sea algo "razonable" cuando el Ejecutivo está haciendo "el mayor esfuerzo" de la democracia para modernizar la Justicia.

"Plantear (al Parlamento) un dialogo de exigencia como lo han planteado las asociaciones, no los jueces, en mi opinión, quizá podían haberlo pensado un poco más", declaró Zapatero en una entrevista en Onda Cero, al día siguiente de que los jueces hicieran pública su postura.

"Cuando se está haciendo el mayor esfuerzo, y no decimos que haya grandes necesidades, no parece que esta respuesta sea razonable", agregó.

Zapatero, que no quiso entrar en la legalidad de la huelga, dijo que el Ejecutivo dialogará con gran respeto institucional pero que no cree que sea acertado tener como transfondo la amenaza de una huelga, cuando además es el Parlamento quien fija las retribuciones de los funcionarios al aprobar los presupuestos.

Además, recordó que los sueldos de los jueces se incrementarán un cinco por ciento este año, frente al dos por ciento de otros funcionarios.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) afirmaron el lunes en un comunicado conjunto que la iniciativa pretende únicamente "dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos".

Los jueces han convocado un "acto reivindicativo y de protesta" en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero y han anunciado una huelga para el 26 de junio si el Ejecutivo no responde satisfactoriamente a sus reivindicaciones.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.

También reclaman que se instaure un sistema eficaz de sustituciones, medidas de conciliación con la vida familiar y que se adecuen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en cuanto al pago de las guardias.

Un miembro de la AJFV, el juez de Cáceres Joaquín González, dijo el martes en declaraciones a la Cadena Ser que aún hay espacio para el diálogo antes de que se inicien los paros, y negó que fueran a realizarse huelgas de celo.

EL CASO TIRADO

Por la mañana, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, describió como "decepcionante" la reclamación de las asociaciones judiciales y apuntó al llamado "caso Tirado" como el origen del descontento.

"Me parece decepcionante que unas asociaciones hagan esto", dijo. "En mi opinión, el caso Tirado está flotando en todo este conflicto, y la actitud de las asociaciones intenta encauzar un movimiento de base que ha tenido ese origen".

El sector jurídico se encuentra enfrentado al Gobierno desde el "caso Mariluz", de cuya desaparición se cumple un año el martes, debido a las sanciones tomadas contra el juez Rafael Tirado y la secretaria judicial de su juzgado de Sevilla, Juana Gálvez, por no aplicar una condena de prisión pendiente contra Santiago del Valle, el supuesto asesino de la niña onubense.

El magistrado fue multado con 1.500 euros, mientras que Gálvez fue sancionada a dos años de suspensión de empleo y sueldo. Ésta última medida hizo que los secretarios judiciales ya fueran a la huelga en octubre en solidaridad con su compañera. Los jueces organizaron juntas al mismo tiempo, paralizando de hecho los tribunales en lo que el Gobierno definió de "huelga encubierta".