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Zapatero presenta al Congreso la Economía Sostenible en busca de consenso

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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informará mañana al Congreso de los Diputados del contenido de la Ley de Economía Sostenible, con la que el Gobierno pretende cambiar el modelo de crecimiento, y para la que espera contar con el mayor consenso posible.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la citada ley, cuyo texto todavía no va se va a remitir al Congreso, porque el Ejecutivo quiere debatirlo con los agentes sociales, los partidos y las comunidades autónomas.

La ley entrará en vigor en el verano de 2010, aunque la norma estará acompañada por el Fondo de Economía Sostenible, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que asciende a 20.000 millones de euros y que estará activo en enero.

Además, incluye reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas, y pretende que la actividad se oriente hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo.

Uno de los principales objetivos de la ley es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo "estable y predecible" con bajo nivel de cargas administrativas.

Para facilitar la creación de empresas y su actividad se reducen significativamente los plazos y los costes para favorecer la competencia.

Así, las sociedades limitadas más pequeñas, las que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros y que suponen el 80% de las que se crean en España, podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo cien euros.

Además, las empresas con un capital inicial de hasta 30.000 euros, el 15% del total, podrán constituirse en un plazo máximo de cinco días y con un coste que no superará 250 euros.

El Gobierno limitará también la composición de los organismos reguladores, Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a un presidente y cuatro consejeros.

También propone que las sociedades cotizadas estén obligadas a poner a disposición de los accionistas las retribuciones de los consejeros y que se voten en la Junta General.

Para garantizar la sostenibilidad de las administraciones, las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes.

Asimismo, la Administración General del Estado tendrá que presentar en un plazo de seis meses un plan de austeridad y de calidad en el gasto.

Las modificaciones de los contratos del sector público estarán limitadas al 20% del importe adjudicado y sólo podrán llevarse a cabo cuando se haya previsto previamente en los pliegos o en el anuncio del concurso, o cuando concurran causas de fuerza mayor.

También contiene nuevas medidas para reducir la morosidad en pymes y autónomos como la reforma de la Ley de Contratos del sector público que obligará a las administraciones a abonar el pago a las empresas en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013.

También se regula un plazo máximo de sesenta días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte del cualquier contratador privado.

En materia fiscal, se aumentará la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de un 8% al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4% al 8%, para potenciar la inversión.

En vivienda, se limita, a partir de enero de 2011, la deducción por compra a las rentas inferiores a 24.107,20 euros, se equipara fiscalmente el tratamiento del alquiler al de adquisición y se crea una deducción para las obras del 10% para un máximo de 3.000 euros al año.

Todas estas medidas irán acompañadas de una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020.

Además, la ley recoge la posibilidad de interrumpir la conexión a Internet, previa autorización judicial, a las personas que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.