La Plataforma Justicia por Colombia pidió hoy al Gobierno español que "matice" el "apoyo total" que da al Ejecutivo de Álvaro Uribe ante los "gravísimos datos de violaciones de derechos humanos" en el país y la "práctica sistemática" de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.

El abogado y miembro de la Misión Internacional de Investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad en Colombia, Mauricio Valiente, acompañado por otros miembros de la Plataforma, presentó hoy en rueda de prensa en Madrid dos informes que muestran datos de la "preocupante" situación de los derechos humanos durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

Se trata del "Informe de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia" y el de la "Delegación Asturiana de Verificación de la situación de los derechos humanos", que realiza el Gobierno de la comunidad autónoma española de Asturias en el marco de su programa de acogida temporal a víctimas de violaciones de esos derechos.

Oscar Correa, abogado colombiano de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y miembro de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, aseguró que las ejecuciones extrajudiciales son una "práctica sistemática" del Estado y que desde 2002 -cuando Uribe ganó las elecciones- hasta 2007 la Plataforma tiene documentados un total de 1.122 casos.

Desde 2007 hasta junio de 2008, continuó, han contabilizado más de 500 casos se ejecuciones extrajudiciales.

Jaime Orozco, responsable de la delegación de Asturias de Verificación de los derechos humanos, explicó que en el viaje que realizaron al país constataron que el conflicto militar existe y que se está "degradando", que los grupos paramilitares se están "rearmando" y que operan en 23 de las 33 regiones.

También se refirió a los "señalamientos" desde "altas esferas" del Gobierno colombiano hacia sindicalistas, campesinos y defensores de los derechos humanos como "amigos de los terroristas" o como "correas de transmisión del terrorismo".

Al respecto, el abogado colombiano dijo que las "amenazas" de los grupos paramilitares hacia sindicalistas, campesinos e indígenas acaban en ejecuciones extrajudiciales.

Así, Orozco destacó el "vínculo" entre "los señalamientos, las amenazas y los asesinatos posteriores", antes de acusar al Gobierno de mantener el empobrecimiento entre la población y la impunidad.

Además, Mauricio Valiente dio a conocer una directiva del Ministerio de Defensa colombiano, clasificada como secreta, en la que se vincula la cooperación internacional con el pago de recompensas por la captura o muerte en combate "de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley".

Por ello instó al Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero a explicar y garantizar los mecanismos que constaten que los fondos para la cooperación no acaban siendo usados para pagar recompensas.

Ante los lazos económicos y militares que mantiene el Gobierno de Zapatero con Colombia, Valiente le reclamó que "matice" el apoyo que da a Uribe ante el conocimiento de la violación de los derechos.

En este sentido, la Plataforma Justicia por Colombia pidió al Gobierno español que suspenda el ofrecimiento de que tropas colombianas operen en Afganistán bajo mando español.