El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo para remitir a las Cortes Generales la Convención para prohibir las Municiones de Racimo y solicitar la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

El Consejo de Ministros del 14 de noviembre de 2008 aprobó la firma por parte de España de esta convención, que se produjo en Oslo el 3 de diciembre de 2008.

Así se da cumplimiento a la voluntad expresada por el Parlamento en la disposición final quinta de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso.

En esta disposición, se instaba al Gobierno a promover y apoyar las iniciativas nacionales e internacionales que tuviesen por objetivo la restricción, y en su caso, la prohibición de las bombas de racimo, especialmente peligrosas para las poblaciones civiles.

El preámbulo de la convención identifica a las minas de racimo como importantes causantes de sufrimiento innecesario entre la población en situaciones de conflicto y post-conflicto, las considera un elemento de obstrucción al desarrollo económico y social y propone la asistencia a víctimas, sus familias y comunidades.

El acuerdo prohíbe emplear, desarrollar, producir, adquirir, transferir, ayudar, alentar o inducir a terceros municiones de racimo (ampliado a bombetas explosivas y excluyendo a las minas).

En cuanto al almacenamiento y destrucción de las municiones de racimo existentes, deberán ser separadas y marcadas para su destrucción, siguiendo normas internacionales para la protección salud pública y respeto al medio ambiente, en un plazo máximo de ocho años, con la posibilidad de prórrogas adicionales de cuatro años.

Existe la posibilidad de retención de un número limitado de municiones de racimo para entrenamiento en técnicas de detección, limpieza y destrucción, en cuyo caso se presentará un informe detallado al respecto.

La limpieza de zonas afectadas por restos de municiones de racimo y sobre su destrucción deberá completarse antes de diez años y posibilidad de prórrogas adicionales por periodos de hasta cinco años.

La norma también trata de la obligación de la asistencia a víctimas, que incluye atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico, y medidas para su inclusión social y económica, que deberá figurar en un plan nacional que tendrá asignado un presupuesto.