El Pleno del Senado aprobó hoy la denominada "Ley Ómnibus" que modifica 47 leyes estatales de sectores, como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura o la sanidad, y pretende liberalizar el sector servicios para "ganar en eficiencia, productividad y empleo".

La ley también modificará normas referidas a la administración pública, consumo, servicios profesionales, empleo, servicios industriales y de construcción, así como de medio ambiente.

Su objetivo principal es impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del Producto Interior Bruto y del empleo en España.

El Senado ha introducido varias enmiendas transaccionadas por todos los grupos al texto enviado por el Congreso de los Diputados, que ahora deberá pronunciarse sobre estas modificaciones.

Entre ellas destacan las referidas a que el sector del transporte (especialmente el taxi) no esté incluido en el ámbito de aplicación de la norma y que la fecha de entrada en vigor de la ley se adelante al 27 de diciembre de este año.

Asimismo, los grupos han dado su visto bueno a que se regulen la publicidad y los registros de los colegios profesionales, así como los visados de los distintos proyectos, el handling (asistencia en tierra) en los ferrocarriles y la instalación de alarmas.

En la defensa del texto, el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, Antonio Hurtado, destacó que, si se consigue la mejora del sector servicios, se pueden crear 200.000 puestos de trabajo, aumentar el PIB en un 1,2%, mejorar la productividad un 1%, los salarios reales un 1,3%, el consumo un 1,2% y la inversión un 0,8%.

En su opinión, son datos "muy esperanzadores" que hacen ver lo importante que es reformar el sector servicios.

Desde CiU Jordi Vilajoana criticó que en el proyecto de ley se hayan introducido sectores -como el del taxi o las autoescuelas- que están fuera del ámbito de la directiva, así como el problema del ruido que generan los aeropuertos, que tampoco era "razonable" que estuviera en la ley Ómnibus.

José Atarés del PP defendió que sean los colegios profesionales los que ejerzan la representación del sector y que se les comunique a éstos, sin abonar ningún tipo de tasa, cuando un profesional decide actuar en otro territorio distinto del que ejerce.

José Manuel Bouza, en nombre del grupo Mixto, rechazó el que la futura ley permita entrar en la competencia autonómica en materia de colegios profesionales.