El cambio climático y el uso ilegal del agua son las grandes amenazas de los humedales españoles, unos hábitats que en los últimos cuarenta años se han ido desecando progresivamente hasta perder el sesenta por ciento de su superficie.

Según el Convenio Ramsar, ratificado por el Ministerio de Agricultura en 1982, España ya sólo conserva 63 humedales cuya protección es una prioridad urgente, opinan los ecologistas.

La desecación con fines agrarios, el urbanismo, las infraestructuras de transporte, las extracciones de agua, y los vertidos son sólo algunas de las causas que han ido degradando lentamente los humedales españoles.

A estos factores, Ecologistas en Acción suman además los efectos del cambio climático, que no sólo se dejan notar en los humedales del interior peninsular, sino también en las marismas, donde el aumento del nivel del mar ya está provocando daños insostenibles.

Con motivo del Día Mundial de los Humedales que se celebra mañana, Ecologistas en Acción ha difundido un informe en el que recuerda que en España la subida de temperaturas que se está produciendo es de medio grado por cada diez años en el periodo 1973-2005, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Este calentamiento ha reducido la aportación de agua a los cauces un quince por ciento entre 1995 y 2005 en relación con el periodo 1940-1995.

La organización advierte de que el problema es doblemente preocupante, ya que estos frágiles ecosistemas contribuyen a mitigar el cambio climático a través del almacenamiento de carbono.

En otro informe, WWF señala al "acuciante problema de los pozos ilegales" como principal amenaza de los acuíferos españoles.

Sólo el que alimenta Doñana, advierte la organización, ha rebajado en un 90 por ciento su aporte de agua a este humedal, debido a los 1.000 puntos de extracción ilegales que hay en la zona.

Pero además Doñana, uno de los espacios naturales más importantes de Europa, está seriamente afectado por los vertidos de petróleo de las costas, los proyectos de infraestructuras de alto impacto ambiental (el oleoducto Huelva-Badajoz o el trasvase de Chanza) o la degradación del estuario del Guadalquivir, sobre la que "planea un nuevo dragado", advierte WWF.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido la protección de estos espacios naturales, "que siguen siendo los hábitat más amenazados de la Unión Europea" y "muy especialmente en España".

"Actuar en la defensa de los humedales supone actuar en beneficio tanto del desarrollo económico como de la conservación del medio ambiente", y "hablar de estos espacios es hablar de patrimonio, de futuro y, en definitiva, de nuestra sociedad", ha dicho.

Tras inaugurar en Gandia (Valencia) el nuevo Centro Español de Humedales (CEHUM), De la Vega, acompañada de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha asegurado que esta instalación nace para ser un referente nacional en la conservación de estos hábitats.

Sin embargo, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han denunciado que la Administración haya "sacado pecho" ante las últimas imágenes de las Tablas de Daimiel y de las Lagunas de Ruidera, dos humedales que se han salvado momentáneamente gracias a las últimas lluvias de diciembre y no a la gestión política.

De hecho, esta organización mostrará, a través de charlas y paseos, "la mala cara" real de estas zonas, mientras que SEO/Birdlife ha programado actividades para sensibilizar a los ciudadanos de la necesidad de protegerlos.