Agentes de la Policía Judicial de Baleares ha iniciado hoy el registro de un consorcio público de informática -integrado por varios ayuntamientos y el Consell de Mallorca- ubicado en el centro de Palma, en el marco de la operación "Voltor" que investiga presuntos delitos de corrupción en empresas públicas.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Baleares han informado a Efe de que dos -un hombre y una mujer- de los cinco detenidos ayer en relación con esta operación han sido puestos en libertad tras prestar declaración.

Los otros tres entre los que figura el miembro de Unió Mallorquina (UM) Antoni Oliver, cesado ayer de su cargo de director general de Calidad Ambiental del Govern y ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), continúan en las dependencias policiales después de pasar su primera noche en los calabozos.

La Policía no descarta que durante las próximas horas y, a raíz de los nuevos registros y la documentación recaba ya, se puedan llevar a cabo más detenciones.

La denominada operación "Voltor" se inició ayer por orden del juzgado número 10 de Palma, a instancias del fiscal anticorrupción Pedro Horrach con el objetivo de investigar presuntos delitos de corrupción en diferentes empresas públicas vinculadas al Govern y al Consell de Mallorca.

La primera intervención se centró en la sede del Inestur -ente dependiente de la Conselleria de Turismo-, en el parque tecnológico de Palma (Parc Bit) situado a las afueras de la capital balear, y se prolongó desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas aproximadamente.

De forma paralela, se registró un local en Pollença, municipio del norte de la isla, donde se arrestó a dos personas.

Oliver fue detenido a primera hora de la tarde en su despacho de la Conselleria de Medio Ambiente y fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía, desde donde será puesto a disposición judicial en próximas horas. Por la tarde, fue anunciado su cese por parte del Govern, con el beneplácito de su partido político (UM).

Los otros dos detenidos son dos empleados del Inestur.

A los cinco se les acusa, en principio, de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.