El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha asegurado hoy que el texto definitivo del Pacto por la Educación que ha presentado a partidos, agentes educativos y comunidades autónomas llega hasta el máximo de su capacidad de consenso, y ha dado un último plazo de 15 días para saber su respuesta definitiva.

Visiblemente cansado y tras reunirse a lo largo del día con más de cien personas implicadas en la educación, Gabilondo ha afirmado en rueda de prensa que cuando sepa la respuesta de cada grupo, el próximo 6 de mayo, valorará el "camino a seguir" después.

"Vamos a pensar en quién puede decir sí y no solo en quien diga no", ha asegurado Gabilondo, quien ha confesado que no le es "indiferente" que esté el PP .

El texto definitivo del denominado Pacto Social y Político por la Educación incluye 12 objetivos y 148 propuestas de acción que son el resultado del estudio de más de 120 documentos.

Aunque ha expresado su "enorme agradecimiento" a todos los implicados por su alta "responsabilidad institucional", el ministro ha asegurado: "hasta aquí ha llegado nuestra capacidad de consenso".

Gabilondo ha señalado que el presupuesto para esta materia en los próximos tres años ascenderá a 1.570 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: 590 millones en 2011, 590 en 2012 y 390 en 2013.

A esas cantidades habría que sumar la cofinanciación de las autonomías, por lo que el ministro esperaba que el presupuesto educativo pudiera doblarse.

El texto definitivo conocido hoy adjunta cuatro anexos, uno para cada sector -comunidad educativa, comunidades autónomas, partidos políticos y mesa de diálogo social para la Educación-, los cuáles tendrán que ser firmados por cada uno de los interesados.

Y precisamente este punto es uno de los que más han llamado la atención a las fuerzas políticas, ya que algunas han dicho no entender por qué no todos firmaban un único documento.

Los partidos han indicado que tendrán que estudiar detenidamente la propuesta de Gabilondo en las próximas dos semanas y, en concreto el PP ha adelantado que prevé más bien "acuerdos puntuales" que un Pacto de Estado.

El PP ha comentado que "siguen sin resolverse" cuestiones fundamentales como la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, y que no se garantiza la defensa del castellano en toda España ni se hace referencia a enseñanzas comunes para todas las comunidades.

El PNV ha demandado al Gobierno más "soluciones concretas" que genéricas, y ha resaltado que desearía saber cuáles son las "22 modificaciones legislativas" que se tendrían que aplicar si se firma el Pacto.

ERC ha dicho que nunca se podrá entender con el PP en el tema educativo, y que si el PSOE hubiera optado por presentar iniciativas parlamentarias seguro que le habría apoyado.

"Hay empecinamiento en esconder la salvaguarda de la cohesión social en los territorios donde quieren lenguas territoriales distintas a la española", ha concluido ERC.

IU ha exigido que el adoctrinamiento religioso de las enseñanzas confesionales quede fuera del currículo y del horario lectivo y que se debe retirar la financiación pública a los centros que discriminen por razón de sexo u otra circunstancia fijada en la Constitución.

Coalición Canaria ha asegurado que no hay nada "insalvable" en el texto definitivo.

Entre las principales novedades del último texto educativo figura el que los poderes públicos deben poner los medios necesarios para que, al finalizar la ESO, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma.

El ministro propone la posibilidad de prorrogar el vigente sistema de jubilaciones anticipadas para los profesores hasta que se regule la edad de jubilación en los distintos colectivos de trabajadores en el marco del Pacto de Toledo.

Asimismo, se reforzará la labor del profesor al promover su reconocimiento y su autoridad moral y profesional en el ejercicio de sus funciones y fomentando el respeto y un buen clima de convivencia en las aulas.

Por otra parte, se favorecerá la libertad de elección de las familias facilitándoles una adecuada información sobre los proyectos educativos de cada uno de los centros públicos y privados concertados de su correspondiente ámbito territorial.