La Audiencia Nacional decidió el viernes archivar la causa abierta contra varios dirigentes del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad durante la represión de las revueltas en Tíbet en marzo de 2008 al considerar que no corresponde a la jurisdicción española.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia, Santiago Pedraz, admitió a trámite en mayo del año pasado una querella del Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa contra tres ministros y otros cinco altos cargos del Gobierno chino.

Sin embargo, en noviembre entró en vigor una reforma pactada por PP y PSOE que limitó el principio de jurisdicción universal en la legislación española, de modo que la Audiencia sólo pueda investigar los casos en los que el autor esté en España o que haya españoles involucrados.

Ahora Pedraz explica en su auto que aunque la querella fue admitida a trámite antes de la reforma, la causa sí quedaría afectada en la fase de enjuiciamiento, cuando ya habría entrado en vigor la ley.

"Resultaría, por tanto, carente de sentido continuar la instrucción sabiendo que no podría darse la posterior fase de enjuiciamiento y fallo", dijo el magistrado en el auto.

Pedraz también rechaza otros argumentos, como que la competencia de la causa pudiera traspasarse a otro órgano judicial, y reitera que la Audiencia es el tribunal competente.

La resolución no es firme y puede ser apelada.

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han protestado por la reforma legal, que afirman se debió a la presión de países como Estados Unidos, Israel y China, y han denunciado la desprotección de las víctimas.

En los tribunales españoles hay algunos casos sobre los que se está aplicando el principio de jurisdicción universal, como los referidos a los abusos en Guantánamo, Ruanda o Guatemala.

La querella sobre el Tíbet señalaba que, desde el 10 de marzo de 2008, "las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana, causando, al menos, 203 muertos, más de mil lesionados y 5.972 detenidos ilegales", lo que constituiría un crimen contra la humanidad contra el colectivo tibetano.

Los ministros chinos acusados eran el de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu, así como otros tres altos cargos.

China culpa al Dalai Lama, líder espiritual tibetano, y a su gobierno en el exilio de haber planeado los disturbios en los cuales dice que murieron al menos 18 "civiles inocentes" a manos de turbas de tibetanos en la capital regional, Lhasa.