La UE no regula la neutralidad de la Red

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La neutralidad en la Red no es una de los prioridades de los Gobiernos de la Unión Europea. Los 27 ministros de Telecomunicaciones, reunidos ayer en Granada, rodearon las antagónicas exigencias de los internautas y las compañías de telecomunicaciones, que desde hace varios años han trasladado a la UE una lucha de intereses que unos y otros consideran crucial para el futuro de Internet. ¿En juego? La explotación comercial de las posibilidades de la red y la libertad de cada usuario para utilizar su conexión para conectarse a cualquier programa, incluidos los que permiten el intercambio de archivos (peer to peer o P2P) o las conversaciones de voz (voIp), y que suponen un importante desafío para la industria cultural y las operadoras, respectivamente.

El texto de conclusiones de ayer, conocido como la Declaración de Granada, se centra en la inversión en infraestructuras, el aumento del comercio electrónico en un mercado único europeo y en la inmersión de Gobiernos y sistemas sanitarios en la Red. La declaración, largamente preparada, fue aprobada in situ por tan sólo cuatro ministros, ya que la nube del volcán Eyjafjalla obligó a los demás, incluida la comisaria europea Neelie Kroes, a seguir la reunión por videoconferencia. Su contenido supone la toma de posición de los Gobiernos ante los cambios legislativos que se esperan para los próximos meses, que incluyen una estrategia digital europea para los próximos cinco años. Pero el gran ausente ayer en Granada fue el debate de la neutralidad de la Red. No es vinculante, pero deja claro que los 27 no tienen intención de reforzar el derecho de los internautas a usar su conexión sin restricciones.

El debate fue azuzado en febrero por las principales teleoperadoras, capitaneadas por Telefónica y Vodafone. El sector, que hasta entonces observaba impasible el dominio sobre el mercado de la publicidad y servicios on-line de empresas estadounidenses como Google, consideró que estas compañías se aprovechaban de una gran y ajena inversión en la infraestructura para explotar un nuevo y jugoso mercado. Entonces, pidió a la Unión Europea que introdujese una tasa a los buscadores de Internet conocida como tasa Google para fomentar la inversión en redes de alta velocidad, uno de los grandes retos en la Unión Europea.

Según las asociaciones de internautas, esta tasa supondría acabar con el principio de neutralidad con el que nació la Red, penalizando el éxito de empresas en Internet e introduciendo una Red a dos velocidades, según quién y cuánto pague. En ese sentido, los colectivos de internautas consideran inaceptable cualquier intervención en la Red que controle lo que los usuarios hacen, ya sea para introducir tasas a determinadas empresas o para penalizar el uso de programas de intercambio de archivos, como los P2P, en el punto de mira de la industria cultural por el intercambio de ficheros protegidos por las leyes de copyright.

El año pasado, estas reivindicaciones encontraron eco en el Parlamento Europeo, que luchó contra los 27 Gobiernos para evitar que se diese vía libre a la desconexión del usuario de Internet sin la intervención de un juez.

Competencia y transparencia

Para los ministros de Telecomunicaciones, en la Red debe primar "el impulso de la competencia" y la "transparencia" en los servicios ofrecidos. Sin embargo, la declaración no prohíbe la restricción de las aplicaciones que el usuario puede utilizar y a qué precio. Es más, el documento de trabajo, más exhaustivo que la declaración de ayer, pedía fijar "requisitos mínimos de calidad" y reconocía "eventuales limitaciones que puedan tener los servicios ofertados para acceder a determinados contenidos y aplicaciones".

"La UE abre la puerta a una Internet premium para quienes más paguen y más limitada para el resto", en palabras de Juan Varela, consultor de medios. Según él, la popularización definitiva de la banda ancha, sobre todo desde dispositivos móviles, debe venir acompañada de una "regulación clara" que fomente los "estándares abiertos" y la neutralidad.

"No hemos entrado en el detalle", explicó ayer el secretario de Estado para las Telecomunicaciones español, Francisco Ros, quien no obstante pidió una regulación europea que unifique las iniciativas y establezca "reglas comunes" para alcanzar el mercado único europeo también en Internet. Sin embargo, en esos detalles hay un gran interés comercial. La comisaria europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes, reconoció en un discurso la semana pasada que había recibido presiones de los teleoperadores para la introducción de la tasa Google que gravase a los buscadores. En su discurso, consagrado a la importancia de la neutralidad, recomendó no legislar a la ligera.

Los internautas y defensores de los consumidores criticaron las conclusiones, asegurando que la UE hace con ellas un guiño a las operadoras, a quienes se ensalza por su peso creciente en una economía global en crisis. En ese sentido, en el resto de la Declaración de Granada los ministros hacen un llamamiento a favorecer desde las administraciones públicas la inversión de las grandes compañías. Los 27 se han propuesto, entre otras metas, que la banda ancha básica llegue a todos los rincones de Europa en 2013 y promover la penetración de la banda ancha de alta velocidad para 2020. Además, llaman a las instituciones europeas a eliminar las barreras nacionales, todavía vigentes en la Red, que llevan al consumidor a comprar en las tiendas on-line de su país antes que en un gran mercado único europeo. La autentificación on-line, por medio de carnés de identidad electrónicos, es otra de las prioridades de los ministros, que también prometen embarcar en la revolución digital a los colectivos que presenten necesidades especiales.

La neutralidad en la Red, la posibilidad de introducir tasas a las empresas más exitosas o el control de lo que cada usuario puede o no hacer, será una batalla para los próximos meses. Pese a las reivindicaciones del sector industrial y de los internautas, la UE se limitó ayer a asegurar que para "salvaguardar el carácter abierto de Internet" respetará y desarrollará las leyes aprobadas el año pasado, conocidas como el paquete telecom.