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Andalucía delega en alcaldes la edificación en los parques

El decreto cuenta con la oposición del Defensor del Pueblo y de los ecologistas

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La Junta de Andalucía ha elaborado un decreto que regula la edificación en los 24 parques naturales de la comunidad y que, antes aún de haberse aprobado, ya cuenta con un demoledor informe contrario del Defensor del Pueblo, que tacha la norma de ilegal, al contravenir una ley estatal y el Estatuto de Autonomía, y de una denuncia elevada por Ecologistas en Acción a la UE.

La norma, de aprobarse a fin de año tal y como está redactada ahora, permitirá a los ayuntamientos saltarse los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los parques, que tienden a restringir las edificaciones y que son el instrumento legal utilizado hasta ahora para controlar los excesos del ladrillo en estas zonas. Así, a partir de la aprobación del decreto, los planes urbanos los redactan los consistorios que cuenten con una autorización ambiental de la propia Junta serán los que manden en el parque natural. La norma establece la prevención de que, cuando se rebaje la protección de determinadas zonas, el informe de valoración ambiental debe explicar las razones.

Ni a las ONG ecologistas ni al Defensor del Pueblo, José Chamizo, les gusta la norma. En una decisión poco frecuente, al tratarse de un decreto que aún no está en vigor, hizo pública una resolución demoledora en la que sugiere a la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por José Juan Díaz Trillo (PSOE), que rectifique. El Defensor hace una crítica formal y otra de fondo, al considerar la regulación 'inapropiada para la protección del medio ambiente habida cuenta de la ingente presión urbanística que se cierne sobre los espacios naturales'.

La crítica formal se resume en el siguiente razonamiento: 'Las normas urbanísticas aprobadas por los municipios prevalecerían sobre las de planificación de los parques naturales. Según esto, no sería el decreto proyectado el que derogase, sino que, por el contrario, sería la norma aprobada por cada municipio la que llevase a cabo la derogación'. Se pregunta Chamizo: '¿Cómo pretende la administración andaluza evaluar favorablemente un plan urbanístico que contemple parámetros de edificación menos restrictivas que los del PORN, cuando la única norma vigente en el momento de la evaluación sería precisamente el PORN?'. Y se responde: 'Mucho nos tememos que tal evaluación favorable sólo resultaría factible si se hiciera sin tener en cuenta la planificación del parque natural'. Chamizo añade que la norma choca con el artículo 28 del Estatuto de Autonomía, por lo que 'resultaría nula de pleno derecho'.

Rocío Espinosa, directora general de la Consejería de Medio Ambiente, discrepa del análisis del Defensor. 'Es precipitado. Se hace una interpretación de lo que va a ocurrir. La ley estatal dice que un planeamiento no puede ser aprobado contraviniendo normas. Eso se garantiza con la autorización ambiental. ¿Cómo esa autorización va a aprobar un plan urbano contrario a la ley?', afirma Espinosa. En cualquier caso, asegura a Público que el decreto se iba a enviar al consejo consultivo de Andalucía, para su análisis y que, si su informe no vinculante fuera similar al del Defensor, podría tenerse en cuenta.

'Si se ha interpretado así, quizá haya que aclararlo', dice Espinosa. 'Los temores no responden a la intención de la consejería', añade. La directora explica que su consejería tiene la 'obligación' de modificar la norma de los parques, 'porque una directiva obliga a simplificar los trámites. Si quien tiene una casa va a tirar un tabique, puede hacerlo sin trabas burocráticas', añade. Espinosa recuerda que el 29% del territorio está protegido.