La declaración como dominio público marítimo de 9.200 hectáreas del Parque Nacional de Doñana, que gestiona la Junta de Andalucía, podría acabar en los tribunales. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, avisó ayer al Ministerio de Medio Rural y Marino, que en breve llevará la medida al BOE, de que si no acepta sus alegaciones, habrá juicio. La Junta considera que el deslinde planteado por el Gobierno, que comprende los 35 kilómetros de playa entre Matalascañas (Huelva) y la desembocadura del Guadalquivir, además de incorporar el sistema de dunas que se adentra 4,8 kilómetros tierra adentro, supera los límites razonables. El ministerio podría ampliar incluso el deslinde al incorporar las marismas.

Un asunto formal

Tanto Griñán como el ministerio, en una nota de prensa, coincidieron en que el asunto no pasa de ser formal. Ambas administraciones están por la protección integral de Doñana y por erradicar las edificaciones en el Parque Nacional. Sin embargo, varias asociaciones ecologistas se congratularon de la decisión del Gobierno de declarar el sistema de playas de Doñana como integrante del dominio público-terrestre al entender que la protección es mayor y que evita presiones por ejemplo para construir una carretera entre las provincias de Huelva y Cádiz. El Gobierno considera que la expropiación no supone ninguna merma de las competencias de la Junta de Andalucía.

'La calificación de un segmento de la zona marítimo-terrestre como parte de un espacio natural corresponde también a la Comunidad Autónoma', afirma el Gobierno. Griñán destacó ayer precisamente este extremo, que el Ejecutivo había dejado claro que la Junta conservaba todas las competencias.

El ministerio pretende proteger el litoral español y, dentro de ese objetivo, se enmarca el deslinde de Doñana, uno de los mayores llevados a cabo hasta ahora. A finales del año 2009, ya había actuado sobre un 89% de la costa.

Asociaciones conservacionistas, como WWF y Ecologistas en Acción, apoyan la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de deslindar la zona de dominio público de la playa del Parque Nacional de Doñana.
Las ONG consideran que “refuerza la protección” del enclave. A pesar de ello, desde WWF solicitan que la medida se amplíe e incluya la franja del espacio natural perteneciente a la provincia de Sevilla.
Ecologistas en Acción va más allá e insta al Ejecutivo a que la iniciativa se extienda a todo el litoral español.