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La basura de una prórroga nuclear no cabe en el ATC

Fuentes del sector calculan que 3.400 toneladas de residuos radiactivos se quedarían fuera del proyectado almacén si los reactores funcionan 60 años

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El Gobierno todavía no ha decidido dónde instalar el almacén de residuos radiactivos (ATC) aunque el pueblo tarraconense de Ascó es favorito y ya se le ha quedado pequeño. La retirada de la política antinuclear del Ejecutivo, escenificada ayer al eliminar la referencia al límite de 40 años para las centrales nucleares en la Ley de Economía Sostenible, ha descuajaringado los planes para guardar el uranio gastado en los reactores. Si, como permite la ley, los ocho reactores españoles siguen funcionando hasta cumplir 60 años, sus residuos radiactivos no cabrán en el polémico ATC, según admiten fuentes del sector.

Dos décadas más de operación generarían un excedente de basura nuclear de 3.400 toneladas de combustible gastado, radiactivo durante miles de años, según las mismas fuentes. En el diseño genérico difundido por el Ministerio de Industria el 29 de diciembre de 2009, el ATC está pensado para custodiar sólo 6.700 toneladas. Con el excedente, se superarían las 10.000.

El depósito está pensado para 6.700 toneladas, no para 10.000

Las cinco principales organizaciones ecologistas rechazaron ayer 'el viraje pronuclear' del Gobierno. La posibilidad de alargar la vida de las centrales más allá de los 40 años fue propuesta por CiU y PNV y respaldada por PSOE y PP en el Congreso de los Diputados. El lobby de la industria, el Foro Nuclear, calificó ayer la decisión de 'acierto político y económico'. Los ocho reactores atómicos producen casi uno de cada cinco kilovatios que se consumen en España.

El actual Plan General de Residuos Radiactivos, que recoge las estrategias para gestionar la basura nuclear, fue aprobado en junio de 2006. El escenario de referencia contemplaba '40 años de vida útil de las seis centrales nucleares [hay dos con un par de reactores] en operación con un ritmo de funcionamiento similar al actual'. Con el camino despejado para que las centrales se jubilen a los 60 años, los cálculos no sirven. Desde 1984, el plan de residuos radiactivos se ha cambiado seis veces. Para perpetuar las nucleares, habría que cambiarlo de nuevo.

Enresa ve sencillo adaptar el diseño del silo a una mayor capacidad

El plan en vigor calculaba 6.674 toneladas de combustible gastado, que encapsuladas ocuparían unos 10.000 metros cúbicos. Más de la mitad ya se ha producido y se almacena de manera temporal en las propias centrales. Además, a estas cantidades hay que sumar los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y los 666 metros cúbicos de media actividad almacenados en un centro de La Hague procedentes del reactor de Vandellós 1, desmantelado en 1989 tras un incendio. España empezó el 1 de enero a pagar 65.000 euros cada día a Francia por no poder asumir su basura atómica. Y nuestro país también paga unos 350.000 euros anuales para archivar 100 toneladas de uranio y 600 kilogramos de plutonio, originados en Garoña, en la planta inglesa de Sellafield.

Fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) creen que sería 'sencillo' adaptar el diseño del ATC a una mayor capacidad, 'en el caso hipotético' de que se tomase una decisión política para exprimir los reactores hasta los 60 años. El proyecto de ATC es modular y, de hecho, el plan actual de construcción contempla tres fases, con tres edificios de almacenamiento al final del proceso, que culminaría 14 años después del inicio de las obras. Sólo habría que añadir más módulos.

El Foro Nuclear, que agrupa a las empresas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) y a otras compañías del sector, aprovechó ayer para pedir 'el consenso de las fuerzas políticas' en torno a la prórroga de las nucleares hasta los 60 años.

Las ONG tildan de 'lamentable' que el PSOE se pliegue al lobby nuclear

Las organizaciones ecologistas, no obstante, criticaron ayer que el objetivo de la industria nuclear es 'mantener sus pingües beneficios, más de un millón de euros al día por cada central nuclear de 1.000 megavatios'. Las ONG WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra calificaron de 'lamentable que el PSOE se haya plegado a las presiones e intereses del lobby nuclear'.

El PSOE, sin embargo, niega la mayor. Un argumentario distribuido ayer a los miembros del Ejecutivo, al que ha tenido acceso Público, asegura que 'la posición del Gobierno sobre las centrales nucleares se mantiene exactamente igual' y niega que la enmienda aprobada el martes suponga que se pueda prolongar la vida de los reactores más allá de los 40 años. 'En ningún lugar de esta enmienda se dice nada de prolongar ningún año ninguna cosa', afirma el argumentario, que añade que la posibilidad de prolongar el funcionamiento de una central, con carácter extraordinario, 'ya existe desde hace años'. La propia industria nuclear ha interpretado la enmienda al revés, asegurando ayer en un comunicado que el texto aprobado en el Congreso 'no limita la vida de funcionamiento de las centrales nucleares españolas'.

El físico Francisco Castejón, coordinador de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, lamenta que el Gobierno haya 'engañado a los ciudadanos' amagando con un calendario de cierre de los reactores y dejando después la puerta abierta a su prórroga hasta los 60 años.

El Foro Nuclear asegura que mantener al día una central cuesta 15 millones de euros anuales. A partir de esta cifra, y con unos cálculos bastos, mantener en activo todo el parque atómico hasta los 60 años costaría al menos unos 3.600 millones de euros. Construir un único reactor nuevo costaría unos 3.000 millones.

El Consejo de Seguridad Nuclear dio anoche su visto bueno técnico a que la central nuclear de Cofrentes siga funcionando hasta 2021. La decisión final, previsiblemente favorable, será del Ministerio de Industria. El reactor valenciano comenzó a funcionar el 11 de marzo de 1985. La decisión se basa, según el CSN, en 'la comprobación del correcto funcionamiento de la central y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación'. El martes, 15 activistas de Greenpeace fueron detenidos tras colarse en el recinto de la central nuclear. Ayer quedaron en libertad con cargos de desobediencia, resistencia a la autoridad, lesiones, daños y desórdenes públicos. El CSN denunció ayer 'el grado de violencia sobre las personas y las infraestructuras' empleado por los activistas.