La Comisión Europea confesó ayer estar fuera de combate ante la catástrofe ecológica en Hungría y propuso revisar la legislación sobre catástrofes ecológicas producidas por vertidos industriales. El Ejecutivo comunitario presentará en las próximas semanas un análisis detallado sobre las actuales leyes europeas, paso previo a un posible refuerzo de las normas en materia de prevención y un endurecimiento de los castigos para los infractores. El anuncio de poner en marcha la maquinaria normativa compensa el rol actual de la Comisión en el vertido, hasta ahora reducido a la coordinación de la solidaridad europea.

Cinco expertos ofrecidos por Francia, Alemania, Bélgica, Suecia y Austria ayudarán al Gobierno húngaro a controlar el segundo vertido de barro rojo considerado como inevitable. Su misión consistirá en colaborar a la descontaminación de la 'tierra para la agricultura, la flora, fauna y las aguas, incluyendo las subterráneas' que han sido afectadas, según la Comisión. Los expertos, reclamados por Hungría, fueron reclutados por el Centro de Seguimiento y Control de la Comisión Europea, que recibió currículum de 40 expertos de diez países miembros.

En el plano legal, fuentes comunitarias advierten de que es 'demasiado pronto para actuar', sobre todo hasta que 'no haya una idea general del alcance' de la catástrofe 'y no se descontaminen las zonas afectadas'. La ley comunitaria incluye una directiva sobre los residuos procedentes de minas que todavía no es de obligado cumplimiento, ya que los gobiernos tienen hasta el año 2012 para incorporarla a la legislación nacional.

Hungría podría haber incumplido otra directiva que establece requisitos en prevención y control de incidencias y obliga a cada instalación industrial a tener un permiso para poder operar. 'La empresa tenía ese permiso recuerdan fuentes comunitarias pero hemos de comprobar si además de tenerlo cumplía realmente los requisitos exigidos por la directiva'.

Sobre la responsabilidad legal de la catástrofe, Bruselas guarda silencio, asegurando que será necesaria una investigación concienzuda que delimite a quién corresponde pagar por las consecuencias. Hungría puede recurrir al Fondo Europeo de Solidaridad, según recordó Bruselas, en caso de que los daños producidos por el barro rojo no sean finalmente cubiertos por el seguro de accidentes y siempre que superen los 591 millones de euros.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, viajará hoy a Budapest para reunirse con Viktor Orban, el primer ministro húngaro. En su reunión, convocada para pactar parte de los objetivos de la presidencia rotatoria de la UE, que Hungría ostentará el semestre que viene, Barroso y Orban analizarán las consecuencias del vertido, pero el presidente de la Comisión no visitará la zona afectada, según confirmó ayer su equipo.

El Gobierno español, que hasta ahora ha ofrecido asesoramiento técnico a Hungría, aseguró ayer que responderá a cualquier petición de ayuda de las autoridades de Budapest, pero recalcó que es al Gobierno de Orban al que le corresponde solicitarlo. 'Es una decisión del Gobierno húngaro, estamos a su disposición y la UE también', aseguró el secretario de Estado para Asuntos Comunitarios, Diego López Garrido.