El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha citado al representante legal de Google en España para que el 4 de octubre declare ante la autoridad judicial en calidad de imputado por un presunto delito de 'delitos informáticos' (sic), según indica el documento oficial de citación.

El primer dato que sorprende a cualquier observador neutral es el delito imputado: 'delitos informáticos', así, a lo bruto. Tanto la Constitución Española como la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen el derecho a conocer la acusación formulada contra toda persona, física o jurídica, a la que se impute un delito.

Los 'delitos informáticos' no están definidos como tales en ningún artículo del Código Penal. Por vía informática se pueden cometer infinidad de delitos: calumnia, estafa, daños, etcétera. Pero no existe ningún capítulo del Código Penal que regule los 'delitos informáticos' a secas.

Como consecuencia de lo expuesto, la primera diligencia a solicitar es la subsanación del evidente defecto de forma que contiene la citación. Don Javier Rodríguez Zapatero, representante legal de Google España, tiene perfecto derecho a conocer cuál es la acusación concreta formulada contra él.

En segundo lugar, sorprende que un juzgado de Madrid se atribuya la competencia de un delito que presuntamente se habría cometido en todo el territorio nacional, y que ya estaba investigando un fiscal especializado en Guipúzcoa. Dadas las circunstancias, quizás sería recomendable inhibirse a favor de la Audiencia Nacional.