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Castilla y León no cazará lobos al sur del Duero

El Tribunal Superior de Justicia tumba la intención de la Junta de considerar a esta especie como cinegética en todo el territorio

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado cinco artículos del Plan de Gestión del Lobo, aprobado por la Junta de esa comunidad, argumentando que contraviene las legislaciones estatal y europea. El tribunal recuerda que la Directiva Hábitats establece una 'protección estricta' del lobo situado al sur del Duero, y califica de 'grave' que el Plan de Gestión permita su aprovechamiento cinegético 'sin necesidad de atender a la circunstancia de la ubicación' y 'durante la época hábil establecida en las órdenes anuales de caza'. Eso supone 'que [se] está convirtiendo al lobo en especie cazable en todo el territorio de la comunidad autónoma, con independencia del lado del río Duero en que se encuentre', concluye la sentencia del tribunal.

La resolución añade más críticas: no fijar criterios selectivos para las capturas, ignorar a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y eludir la obligación de comunicar las capturas al Ministerio de Medio Ambiente y a la Comisión Europea. El juez resume, y lo destaca como importante, que es clara la intención de la Junta de 'convertir al lobo en especie cinegética en todo su territorio y sin excepciones, con grave quebranto de la legislación nacional y europea'.

Ecologistas en Acción, la parte demandante, recuerda que, en los últimos años, la justicia ha golpeado varias veces la gestión ambiental de la Junta: anuló la macroestación de esquí en San Glorio, zona de máxima protección para el oso; declaró ilegal la Ciudad del Golf en las Navas del Marqués (actuación por la que está imputado, entre otros, el actual director general de Medio Natural, José Angel Arranz) y ha anulado las órdenes de caza de especies protegidas por la Unión Europea.

Las razones de la Junta

El director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, afirma que el plan se consensuó 'en todo momento' con la Comisión Europea para poder cazar excepcionalmente en la zona sur del Duero, siempre que se detectara la existencia de daños por parte de la especie en ganado y cultivos. Según Arranz, en los últimos años se ha producido 'una espectacular superpoblación' de lobos al sur del Duero, por lo que atribuye a la sentencia 'un error de concepto' al no separarse el punto de vista legal del biológico.

Gracias a la protección del lobo, se ha producido una expansión natural hacia el sur y, con ella, un aumento de las denuncias de ataques al ganado. Los últimos censos aseguran que quedan entre 1.500 y 2.000 lobos ibéricos.

No obstante, expertos en la gestión del lobo ibérico consultados por este diario explican que lo que la Unión Europea permitió a la Junta fue, en realidad, 'flexibilizar' la gestión del lobo en aquellos puntos de mayor conflictividad a causa de los daños, pero 'nunca equiparar la gestión de las dos poblaciones en ambas márgenes del río'. Los especialistas y las ONG acusan a la Junta de utilizar el pacto con la UE para tratar de justificar su actuación.

Adhesión a la UE
Cuando España entró a formar parte de la Unión Europea, el censo nacional de lobos de 1988 cifraba en unos 1.500 los ejemplares del territorio español. A pesar de la voluntad de la UE de proteger la especie, las duras negociaciones con Castilla y León establecieron que sólo se pudiesen cazar los que poblaban la parte norte del Duero, pero no los del sur.
La expansión
A finales de los noventa, la comunidad de lobos del sur del Duero había aumentado, por lo que, tras una petición del Gobierno castellano-leonés, la UE accedió a que se empleara la caza como uno de los instrumentos de control de la población, pero siempre bajo su estricto control.
Plan nacional
En 2005, el Gobierno elaboró una estrategia nacional con las directrices a seguir para gestionar las capturas del lobo en todo el territorio. Las comunidades autónomas debían crear sus respectivos planes de gestión.
El plan de Castilla y León
En 2008, la Junta castellano-leonesa aprobó su Plan de Conservación y Gestión del Lobo. El texto incluía la eliminación de entre el 10% y el 30% de la población territorial durante la siguiente temporada de caza. El texto y su aplicación han sido criticados por expertos y ecologistas.