Mas de 2.000 personas, según la Policía, se han manifestado este sábado en Burgos contra la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas, y a favor de la promulgación de leyes que prohíban esta técnica de extracción en el conjunto nacional, pese a la tormenta de lluvia y granizo que acompañó la convocatoria. Los manifestantes, bajo una intensa lluvia, han recorrido las principales calles de la ciudad, desde la Plaza del Mío Cid hasta el Museo de la Evolución Humana (Meh), bajo el lema 'Fracking no. Ni aquí, ni en ningún sitio'.

La portavoz de la Plataforma contra el Fracking de Castellón, Carla Olucha, ha explicado que esta convocatoria, en la que han participado representantes de otras organizaciones del País Vasco, Asturias, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, era intentar que se frene 'la barbarie medioambiental' que supone este tipo de extracciones. En este sentido, ha insistido en que ya se conocen los efectos a medio y largo plazo de este tipo de explotaciones, como sus consecuencias nocivas en el organismo humano, en forma de tumoraciones y alergias, un fuerte impacto ambiental y un alto nivel de contaminación.

En alusión a los intereses políticos que pueden esconderse detrás del fracking, ha pedido a las administraciones 'que les interese más el pueblo y no fuercen un modelo energético caduco' y se incentiven y promuevan las energías renovables.

Entre los manifestantes, se encontraba la diputada provincial socialista, Esther Peña, y el portavoz de Ecologistas en Acción de Burgos, Luis Oviedo, quien ha mostrado satisfacción por la 'importante' respuesta a la convocatoria. Al respecto, ha señalado que esta manifestación, en la que han participado representantes de numerosos municipios burgaleses donde se pretende implantar el fracking, 'obligará a los alcaldes de la zona a tener en cuenta esta reacción'.

En cuanto a las competencias de los municipios para frenar la implantación de las empresas especializadas en este tipo de extracciones de gas, el portavoz de Ecologistas en Acción de Burgos ha insistido en que, de acuerdo a la estructura competencial de la Constitución, las entidades locales tienen poder para no conceder este tipo de licencias, a la vez que ha recordado que la Junta de Castilla y León puede prohibir estas explotaciones en el conjunto del territorio.

En la actualidad, cerca del cincuenta por ciento del territorio español posee algún tipo de explotación o intereses de extracción a través de fracking o fractura hidráulica. Entre las provincias con mayor presencia de estos intereses, se encuentran Palencia, Burgos, Teruel, Jaén, Córdoba, Guadalajara, Zaragoza, Valladolid y el conjunto del País Vasco.

Esta técnica consiste en la inyección de agua con aditivos químicos a una profundidad de entre 3.500 y 5.000 metros, lo que, según Luis Oviedo, puede tener consecuencias 'inciertas', porque no se sabe cómo reaccionarán esos productos con otros que se encuentren a esa profundidad y si, a largo plazo, acabarán saliendo a la superficie.

Aunque las empresas que han solicitado los permisos aseguran que sólo utilizan entre tres y doce productos químicos en cada explotación y que son inocuos, el portavoz ecologista ha asegurado que, según datos de la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos y de las empresas que operan allí, se utilizan unos 800 productos químicos y, entre ellos, varios tóxicos para el medio ambiente y el ser humano.

Las empresas, por su parte, niegan que esta técnica revista riesgos para las personas o el entorno. La portavoz de la plataforma Shale Gas España, Mónica Vicente, considera 'infundadas' las críticas a la fractura hidráulica y ha asegurado, en declaraciones a Efe que, aunque nunca se ha utilizado en España, es una técnica muy probada en Estados Unidos, donde se utiliza desde 1940 y en otros países europeos, donde en algunos casos se viene empleando desde 1970.