El pleno del Congreso de los Diputados votará el martes la admisión a trámite de una proposición de Ley, enviada por el Parlamento andaluz, para conceder contratos laborales a todos los jóvenes investigadores, pre o postdoctorales. Si la tramitación que hoy se inicia culminase con la aprobación de la medida, supondría el fin de las becas de investigación en España. Los jóvenes investigadores quedarían bajo la cobertura del régimen general de la Seguridad Social, desde la aprobación, y con carácter retroactivo.

Si se aprueba la admisión a trámite, la propuesta iniciará su curso parlamentario, que podría modificar su contenido. La aprobación final puede tardar seis meses, informa a Público José Luis Blanco, diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía y responsable de la presentación de la proposición de Ley en el Congreso.

La propuesta consiste en una reforma del artículo 97 de la Ley General de la Seguridad Social, de manera que queden obligatoriamente incluidos en el régimen general “los titulados universitarios que desempeñen la función de personal investigador, ya sea en entidades públicas o privadas”, según reza el texto.

Antiguamente, los becarios de investigación no cotizaban a la Seguridad Social, por lo que no disfrutaban de prestaciones por desempleo o cobertura sanitaria, salvo a través de seguros concertados con entidades privadas. Tras la reforma llevada a cabo en 2006, con la entrada en vigor del Estatuto del Personal Investigador en Formación, se adoptó un sistema llamado 2+2, con dos años de cotización como trabajadores autónomos y otros dos de contrato.

Pero según explica Cecilia Galindo, vicepresidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), “hay situaciones muy heterogéneas”, sobre todo según las comunidades autónomas. Galindo juzga que la aprobación de la medida sería “un paso muy importante” para convertir a los becarios en “trabajadores”. “Que es lo que somos”, añade.

El destino de la proposición en el pleno aún es incierta, confiesa Blanco. Aunque la medida fue aprobada en la cámara andaluza en 2003 con el apoyo de IU y PSOE, “los miembros del PSOE de la junta de portavoces lo bloquearon en el Congreso”, dice Galindo, mientras que Blanco achaca la demora a una “decisión de la Cámara”. Ambos representantes dicen desconocer qué postura adoptará el grupo socialista, aunque apuntan que el resto de fuerzas parlamentarias votará a favor.

Fuentes del PSOE consultadas por Público indican que el grupo socialista finalmente aprobará la admisión a trámite, pero que posteriormente impondrá fuertes enmiendas al texto original.

Titulados bien formados

La exposición de motivos refuta un viejo argumento: que los jóvenes investigadores se están formando. El texto recuerda que la firma de un becario encabeza el 48,8% de los artículos científicos y aboga por dar “categoría de normal –un contrato laboral– a lo que es normal –el trabajo de investigación–”.

Inmediato y retroactivo

La aplicación de la norma sería inmediata para los becarios en el momento de su entrada en vigor y “con efectos desde el 1 de enero de 1998”. Se propone “establecer mecanismos legales y presupuestarios para paliar la situación” de los investigadores que hayan tenido becas durante más de 24 meses desde 1992.

Falta un estudio económico

El Gobierno debería tener listo un estudio económico del coste de la reforma en el plazo de un año.