¿Debe ser un juez quien decida cuándo se comete un delito en la Red o pueden hacerlo las compañías proveedoras de Internet? La pregunta, a la que las instituciones de la UE tratan de dar respuesta, se decantará hoy previsiblemente hacia estas últimas. Una reunión de los ministros de Telecomunicaciones de la UE está llamada a acordar hoy un texto que abre la posibilidad a que sean las propias empresas las que restrinjan la conexión a Internet de un usuario que utilice programas 'ilícitos'. Las asociaciones de internautas critican que dejar abierta esta posibilidad puede llevar en un futuro a criminalizar los programas de intercambio de archivos P2P.

El asunto, sobre el que deciden hoy los Gobiernos de la UE, forma parte de una amplia reforma legislativa conocida como 'paquete telecom'. El texto que se presentará hoy a los ministros en Bruselas excluye la ya famosa enmienda 138, objeto de un gran debate en la Eurocámara y que fue apoyada finalmente por un 88% de los diputados. La cláusula obliga a llevar a los tribunales cualquier infracción de los derechos de autor como paso previo a una posible sanción. 'El derecho a Internet se está convirtiendo de facto en un derecho fundamental que no puede ser restringido sin que medie un juez', recuerda Martin Selmayr, portavoz comunitario de Telecomunicaciones.

Fuentes de la Comisión y el Parlamento, las dos instituciones que apoyan la enmienda, reconocen la mano del actual presidente de la UE, Nicolas Sarkozy, en su exclusión. Si la cláusula fuese aprobada tal y como exige el Parlamento, Francia y el Reino Unido tendrían más complicado establecer una cooperación entre asociaciones de derechos de autor y los proveedores de Internet que controle las actividades del usuario en la Red.

Por su parte, la Comisión no da el partido por perdido y asegura que, en las últimas horas, la delegación danesa se ha mostrado en contra de eliminar la enmienda y ha llegado a amenazar con vetar todo el paquete legislativo si cuenta con más apoyos.

Sea cual sea lo acordado hoy, las negociaciones continuarán en el Parlamento, que estudiará la posición de los 27 y decidirá si vuelve o no a introducir el debate. El paquete, que pretende ser aprobado antes de junio, cuando se celebran las elecciones europeas, ha sido criticado por asociaciones de internautas que consideran que la UE puede restringir sus derechos fundamentales por proteger el copyright.

España, por su parte, no tiene un interés especial en incluir esta enmienda, aseguran fuentes españolas cercanas a la negociación, 'porque de acuerdo a la legislación nacional, ahora es necesario un juez para establecer ese tipo de sanciones'.