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España protesta por la asesoría de Boliden

Hungría acepta la ayuda de la minera y rechaza la española

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España criticó ayer en la Unión Europea la elección de la empresa Boliden, causante del vertido en Aznalcóllar, como asesora de Hungría en la gestión de la contaminación por barro rojo. Hungría había pedido un puñado de expertos en descontaminación a la Unión Europea y Suecia ofreció a los responsables de esta empresa, responsable de la catástrofe ecológica en el parque de Doñana en 1998. 'Creo que hay hoy mejores especialistas en la Unión Europea para dar solución a una gran catástrofe', ironizó la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, asegurando que España ofreció también asesoramiento técnico que no fue tenido en cuenta por Budapest.

Espinosa hizo estas declaraciones a su entrada en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en el que ayer el titular húngaro detalló las medidas de su Gobierno para luchar contra el vertido. 'No queremos que esto vuelva a pasar, así que hay que aprender la lección', resumieron fuentes presentes en el debate. Entre las posibles medidas legales está el endurecimiento de las directivas europeas que regulan la prevención de desastres y los requisitos para que las industrias peligrosas obtengan permisos.

Hungría asumirá la presidencia rotatoria de la UE en enero, tomando el relevo de Bélgica, y una de sus prioridades será promover una ley comunitaria que declare el barro rojo como material peligroso, incorporándolo a la lista europea de productos contaminantes. Así lo explicó ayer Zoltan Illes, secretario de Estado de Medio Ambiente húngaro, durante una visita a la zona del desastre químico que ha azotado al país. 'Otra de nuestras prioridades será crear un fondo europeo de ayuda para los países que sufran este tipo de catástrofes', aseguró Illes. Por su parte, fuentes comunitarias recordaron que la legislación europea 'acaba de ser modificada', por lo que descartaron medidas a corto plazo.

Otra de las 'estupideces' que Illes pretende cambiar es la ley húngara que otorga a las autoridades municipales las competencias de revisar el estado de las 'construcciones', un término muy vago en el que están incluidas las balsas de residuos de la minería y la industria. 'Es una locura, los ayuntamientos no tienen expertos ni medios para realizar ese trabajo', denunció Illes.