La Fiscalía de Tarragona considera que la fuga de partículas radioactivas que sufrió la central nuclear de Ascó I en 2007 puede constituir un delito contra la seguridad colectiva y contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y otro de falsedad documental, castigados con pena de cárcel de 6 a 16 años.

Tras dos años de investigaciones, el fiscal ha presentado hoy una denuncia en los juzgados de Gandesa contra cuatro de los responsables de la seguridad de la planta por aquel entonces: el director, R. G., que fue destituido unos meses después del suceso; el jefe de protección radiológica, F. G.; el de explotación, J. S., y el inspector residente, A.G.

La fuga se produjo la noche del 26 de noviembre, pero no se hizo pública hasta que lo denunció Greenpeace en abril de 2008. La central lo comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ese mismo día. En ese período, pese a conocer la contaminación, Ascó I recibió la visita de cuatro colegios. Las partículas se desplazaron e incluso se hallaron dos en una chatarrería de Reus, a 60 kilómetros de distancia, y algunas más alcanzaron el río Ebro.

Al conocerse la fuga, hubo que revisar los índices de radioactividad en más de 800 personas, con resultados negativos. La denuncia relata una serie de 'inaceptables negligencias, imprudencias y omisiones'. Cada 18 meses, la central deja de funcionar para recargar combustible. El proceso de retirar el uranio gastado está totalmente automatizado y, al final de todo, se generan restos de agua y óxido que, 'pese al riesgo que suponía, había la costumbre de vaciarlos a mano en la piscina del combustible gastado'.

Esa operación se llevó a cabo el último día de la parada. El trabajador que la realizó era nuevo y obedecía 'órdenes verbales'. El bidón era de 50 litros y el fiscal cree que, por 'temor a que el bidón hiciera de contrapeso y se precipitase en la piscina, o a sufrir salpicaduras y sin usar los amarres de seguridad', el operario se apartó tanto del borde de la piscina que todo o parte del contenido contaminado acabó en el circuito de ventilación normal.

La ventilación de emergencia, cuyos filtros hubieran retenido las partículas, estaba parada porque de 'forma antirreglamentaria' se aumentó el umbral de los sensores de radioactividad. Pero estaba en marcha la ventilación normal, que aireó miles de partículas hasta la chimenea, y de allí salieron al exterior 'durante cuatro meses y sin ningún tipo de control'. La empresa no comunicó nada al CSN ni al inspector del centro, pero, una vez sabido, para ocultar el alcance del escape, 'no se hizo constar la contaminación inicial, sino la resultante tras la limpieza'.

El CSN calificó la fuga en el nivel 2 de la Escala Internacional de Sucesos Notificables (INESS), de siete niveles, al considerar muy grave la falta de cultura de seguridad demostrada en la central nuclear y la opacidad de la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), gestora de la central propiedad de Endesa. El duro informe que elevó al Ministerio de Industria desembocó en una multa de 15,4 millones de euros y arrebató a Vandellòs II, también gestionada por ANAV, el récord de multa para una central nuclear española.

ANAV declinó valorar la denuncia del fiscal. 'El caso está judicializado, mostramos el máximo respeto', dijo una portavoz. Por su parte, Carlos Bravo, responsable de energía nuclear de Greenpeace, agradeció que 'el fiscal de Tarragona haya recordado a la sociedad la gravedad de los hechos', tras 'tres años de intentos del lobby nuclear de negarlo'. Greenpeace y Ecologistas en Acción han pedido que no se renueve el permiso de explotación a la central de Ascó por diez años más.