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Francia advierte a 100.000 internautas por las descargas

El organismo francés para luchar contra la piratería audiovisual, Hadopi, envía mensajes a los sospechosos de haber descargado ilegalmente

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El organismo creado por el Gobierno francés para luchar contra la piratería audiovisual, Hadopi, ya ha mandado advertencias a 100.000 internautas sospechosos de haber descargado ilegalmente contenidos de internet, aunque todavía no hay ninguno sancionado.

Desde el pasado noviembre, Hadopi envía unos 2.000 correos electrónicos al día con una 'recomendación' al internauta para que acabe con las descargas fraudulentas, informó hoy el diario 'Le Figaro'.

'Su acceso a internet ha sido utilizado para poner a disposición, reproducir o acceder a obras culturales protegidas por un derecho de autor', dice el correo enviado por Hadopi, que señala al titular de la cuenta de internet como la persona 'legalmente responsable de la misma' y le recuerda su obligación de proteger el acceso a ésta.

El número de usuarios que ya han recibido el correo electrónico ronda el 3 por ciento de los internautas que, según la industria, descargan contenidos audiovisuales de forma fraudulenta.

Se trata del primer paso de la polémica ley Hadopi 2, modificada tras la decisión del Consejo Constitucional, que no aceptó que en la versión original se le otorgase a una autoridad administrativa la potestad de cortar el acceso a internet a los piratas reincidentes porque recortaba la libertad de comunicación y expresión.

Por ello, se ha designado a tres juristas que analizan cada caso antes y sirven de filtro para un juez, que es quien puede ordenar que se le corte internet al pirata, si le considera reincidnte.

Tras el primer correo electrónico de 'recomendación', en caso de que las descargas piratas persistan, Hadopi enviará un segundo aviso, acompañado de una carta certificada.

Es lo que se llama 'respuesta gradual' y es también la última etapa antes de que el dossier llegue a un juez, quien puede optar por cortar temporalmente la conexión al titular.

El pirata, que tendrá que seguir pagando su conexión a internet aunque no pueda utilizarlo y que no podrá cambiar de proveedor, podrá ser sancionado también con una multa de 1.500 euros.