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El Gobierno relanza el debate nuclear con una nueva ley

Las centrales tendrán una vida útil de 40 años, aunque se podrá prolongar

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El Ministerio de Industria presentó ayer al Consejo de Ministros un paquete legislativo que, entre otras medidas, contiene un anteproyecto que modifica la normativa nuclear, que reabre el debate sobre este tipo de energía. El texto incluye algunos aspectos que estaban contenidos en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), como la posibilidad de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de 40 años, 'atendiendo a consideraciones de interés general y a las directrices y objetivos de la política energética'.

Este cambio no afecta a la central de Garoña, cuyo cierre decidió el Gobierno el pasado verano. La próxima planta en cumplir 40 años en funcionamiento (hasta ahora, la vida útil no estaba fijada en ninguna ley) es la de Almaraz I (Cáceres).

La no inclusión de esta modificación en la LES podría deberse a las previsibles resistencias del PP a la aprobación de esta norma. El partido de Rajoy rechaza el cierre de Garoña y, tras años de indefinición, se ha posicionado claramente en favor de las nucleares.

Industria prevé obligar a las eléctricas a definir a un titular único de las centrales atómicas (hay plantas con hasta cuatro propietarios), 'lo que redundará en una mayor seguridad', según el Ministerio.

Además, siguiendo normas internacionales, se endurece la responsabilidad de las eléctricas en caso de siniestro nuclear (se triplica, hasta 1.200 millones) y se incluye la cobertura por daños medioambientales.

Por último, Industria ha dado por fin luz verde al procedimiento para encontrar un pueblo dispuesto a albergar un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El proyecto, que tiene su origen en un mandato del Congreso del año 2004, acumulaba un lustro de retrasos y su primera fase (la construcción del citado almacén) no estará concluida hasta dentro de otros cinco años.

Industria debe publicar en el BOE la convocatoria para que se presenten los pueblos que quieran albergar el complejo, cuya inversión estimada es de 700 millones, incluyendo un centro de I+D anexo. Su construcción generará un mínimo de 300 puestos de trabajo cada año.