Greenpeace lo repite habitualmente: las balsas de residuos radiactivos en las marismas de Huelva, producto de vertidos en su mayoría procedentes de la empresa Fertiberia, suponen el peor caso de contaminación de Europa. ¿Compartirán el diagnóstico las instituciones continentales? Esta semana comenzará a despejarse la incógnita con la visita, de martes a jueves, de tres europarlamentarios para examinar no sólo esta enorme superficie de 1.200 hectáreas donde se acumulan más de 100 millones de toneladas de residuos a apenas 500 metros del núcleo urbano, sino en general el impacto sanitario y medioambiental de toda la contaminación provocada por su humareda industrial.

'Esperemos que se acerque el principio del fin de esta locura, aunque hay poderes interesados en que las cosas sigan igual', afirma Cristobalina Bejarano, portavoz de la Mesa de la Ría. Las demandas de esta asociación, Intersur y Greenpeace ante la comisión de peticiones del Parlamento europeo han motivado que la Cámara envíe la delegación. Sus integrantes son el francés Pascale Gruny, conservador, el rumano Victor Bostinaru, socialdemócrata, y la danesa Margrete Auken, de Los Verdes.

Los delegados se reunirán con afectados por enfermedades

Esta última dio nombre al famoso informe Auken, aprobado por el Parlamento europeo a principios de 2009 y que puso a España en evidencia al denunciar su 'urbanismo masivo', 'avaricia' y 'conducta especulativa'. Tres eurodiputados acompañan, oficiosamente, a esta delegación oficial: Luis Yáñez, del PSOE, Carlos Iturgaiz, del PP, y Willy Meyer, de IU. 'Es una gran oportunidad. Será fundamental que los delegados diferencien la propaganda que hay sobre el tema, que es mucha, de la realidad', afirma Meyer, el responsable político que más ha batallado por esta visita.

En Huelva unas 6.000 personas trabajan en el gran foco industrial del Polo Químico, a los que se suman 10.000 empleos indirectos, según la patronal. Asociaciones como la Mesa de la Ría afirman que estos datos están inflados. Lo seguro es que el Polo Químico tiene el apoyo declarado del PP y el PSOE, que gobiernan respectivamente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. También de la mayoría sindical. En rigor, todos, incluso los críticos, comparten el discurso general: hay que hacer compatible el empleo y el medio ambiente. Claro, que en los matices sobre dónde reside ese equilibrio hay abismos entre Greenpeace y la patronal, por poner dos ejemplos alejados.

'Hay muchas voces alarmistas', señala el director de Fertiberia Huelva

Ahora los parlamentarios deberán dirimir si los fosfoyesos, los metales pesados y el resto de agentes contaminantes han roto ese equilibrio. 'Los queremos llevar a que vean las balsas de fosfoyesos en las marismas, y que comprueben cómo van los vertidos directamente a la ría', explica Julio Barea, responsable de Aguas de Greenpeace. En el otro extremo de la escala de intereses, Roberto Ibáñez, director de Fertiberia Huelva, señala que 'hay voces alarmistas que hacen mucho daño a toda la provincia'.

Los delegados se reunirán con autoridades nacionales, autonómicas y locales, así como con expertos universitarios y del CSIC. También con los colectivos demandantes.

La Asociación Altea, de afectados por enfermedades por exposición ambiental, les mostrará los estudios epidemiológicos más contundentes, sobre todo el famoso Atlas municipal de mortalidad por cáncer, que revela una mayor incidencia de la enfermedad en Huelva, aunque no está científicamente probado que sea por causa de la industria.

El Parlamento, que votará un informe con recomendaciones de los delegados, no es la única institución comunitaria que tiene a Huelva en el punto de mira. La Comisión Europea ya ha enviado una carta de emplazamiento a España por lo mismo. 'Tras este aviso, lo siguiente puede ser un dictamen motivado para que adapte su normativa a Europa', señala Julio Barea, de Greenpeace.