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Italia votará en referéndum la energía nuclear

El Supremo italiano ratifica la consulta, que se realizará los próximos 12 y 13 de junio

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Una moratoria disfrazada de parón nuclear no ha sido suficiente para que el Gobierno italiano pudiera frenar el referéndum sobre la energía atómica convocado para los próximos 12 y 13 de junio. Lo decidió hoy el Tribunal Supremo, que se vio obligado a pronunciarse después de que el Ejecutivo del primer ministro, Silvio Berlusconi, sacara adelante en el Parlamento la semana pasada un decreto ley que aplazaba la construcción de cuatro centrales nucleares, al menos por un año.

El Ejecutivo intentó vender la idea de que con esta medida la consulta popular ya no era necesaria. De hecho, al haber cambiado la ley, perdía parte de su validez porque se refería a la legislación anterior. Pero la Corte ratificó hoy la convocatoria después de que Italia de los Valores (IdV), el partido que promovió la votación, y el Partido Democrático (PD), presentaran un recurso con un informe de WWF. Para que el referéndum sea válido tiene que participar, al menos, la mitad de los italianos.

Según Pierluigi Bersani, líder del PD, es 'una noticia excelente que ha desenmascarado los trucos del Gobierno'. Durante la visita del pasado abril a Roma del presidente francés, Nicolas Sarkozy con el que Berlusconi había pactado la construcción de las centrales, el primer ministro reconoció que había introducido la moratoria por miedo a las urnas. Y aunque los italianos votaron no a la energía nuclear en 1987 después de la catástrofe de Chernóbil, este era uno de los objetivos de Il Cavaliere esta legislatura.

La Agcom, la agencia que regula la televisión en Italia, obligó a la Rai a emitir en las franjas de mayor audiencia el anuncio sobre el referéndum. IdV también había denunciado el supuesto silencio que el Gobierno estaba imponiendo a la televisión pública sobre la consulta.

Junto a la nuclear se votan también la propuesta para privatizar el agua y el legítimo impedimento, una ley que permite a Berlusconi ausentarse de los cuatro juicios que tiene pendientes aduciendo problemas de agenda. Está considerado como una nueva prueba para el Gobierno tras la debacle electoral de las municipales el pasado lunes.