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Activistas de Greenpeace bloquearon el acceso a la central en el momento de entrada de los trabajadores. - Greenpeace

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, ya lo vaticinó en una entrevista con este diario , esta misma semana: "Las acciones de los antinucleares se van a repetir". Martínez Ten tiene ya sobre la mesa el informe de Nuclenor, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, titular de la central nuclear de Garoña (Burgos), que pide la renovación del permiso de explotación de la planta hasta 2019.

A medida que se acerca la fecha para la toma de la decisión sobre el cierre o continuidad de la central, prevista para julio del próximo año, las organizaciones ecologistas y antinucleares presionarán cada vez más al Gobierno para conseguir que no se prorrogue su permiso. La fecha elegida para la primera acción fue el día de este jueves, 20 de noviembre. Quizás sea coincidencia, pero Garoña fue la segunda central y la única en funcionamiento en la actualidad (José Cabrera se cerró en 2006) que se inauguró todavía con la dictadura, en 1970.

Eran las 6 de la mañana de cuando unos 60 activistas de Greenpeace, vestidos con monos naranjas y amarillos, bloquearon la entrada a la central con un gran contenedor. Los trabajadores accedieron a la planta a pie, ya que el contenedor impedía la entrada de vehículos. Los empleados que se encontraban en el interior rociaron con agua a los activistas para que desmontaran las pancartas y, a los pocos minutos, llegaron los primeros efectivos de la Guardia Civil, que empezaron a solicitar la documentación a los ecologistas. A las cuatro y media de la tarde, los accesos de la planta quedaron despejados por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

250.000 hogares

El debate sobre el cierre de Garoña es el del futuro energético de España, y si en él debe entrar la energía nuclear. Esta central suministra en la actualidad, con sus 466 megawatios, una cantidad de electricidad similar a la que consumen 250.000 hogares de cuatro miembros en un año, o lo que es lo mismo, la tercera parte de la electricidad que consumen comunidades como Castilla y León o Euskadi. El cierre de la planta conllevaría la sustitución de esta cantidad de energía por otras fuentes. Sara Pizzinato, de la Campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace, considera que "se puede sustituir por energías renovables, ahorro y eficiencia".

El cierre de la nuclear también tendría un impacto en el empleo local. En la central trabajan 600 personas, tanto empleados directos de la central como de las 40 empresas que suministran productos y servicios a la planta. El coordinador de Medio Ambiente de CCOO, Fernando Rodrigo, defiende el cierre de la burgalesa "siempre que sea compatible con la reubicación de los trabajadores". Rodrigo reconoce que en la zona de Santa María de Garoña la actividad principal, y casi única, es la central, por lo que reclama que "se generen alternativas en la zona" si la planta deja de funcionar.

Hace seis años

La acción de Greenpeace de este jueves recordó a la vivida en la central de José Cabrera (Almonacid de Zorita, Guadalajara) el 25 de abril de 2002, cuando miembros de la misma organización accedieron al recinto de la central y colocaron una pancarta en la cúpula del reactor. La diferencia fundamental es que los ecologistas permanecieron  fuera del vallado de la planta y, por tanto, la central no vio alterado su funcionamiento. Siguió operando al 100% de potencia. La protección de la parte exterior de la central corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que sólo de la valla hacia dentro la responsabilidad es del titular. En esta ocasión, no se abrirá un expediente sancionador a Nuclenor, ya que la central "operaba en condiciones de seguridad", según afirma el subdirector general de Instalaciones Nucleares, Javier Zarzuela.

"Después del atentado del 11 de septiembre en EEUU, aumentó la preocupación por la seguridad ante posibles intrusiones o acciones terroristas y hubo una ola de regulación mundial que mejoró los sistemas de seguridad física de las plantas", explica Zarzuela. En España se aumentaron las medidas de vigilancia, prevención y refuerzo, y se mejoraron los vallados de todas las centrales. Garoña ha destinado 350 millones de euros a modernización y desarrollo tecnológico de la central, y desde su puesta en funcionamiento hace 38 años ha renovado el 50% de sus componentes y equipos. Durante los últimos 12 años se ha sometido a cinco inspecciones internacionales, que avalan su seguridad.

El CSN reiteró ayer que la central opera en condiciones de seguridad. Greenpeace insiste en que está obsoleta. El programa electoral del PSOE incluía el compromiso de "sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, más limpias y menos costosas, dando prioridad a la garantía de seguridad". Ahora le toca al Gobierno decidir.

La planta de Zorita cerró con un Gobierno del PP

El 30 de abril de 2006 la central más antigua del parque nuclear español cerró. La decisión técnica se tomó en un Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, y se ratificó en el Ministerio de Industria, del Gobierno del PP. Fue el primer cierre programado de una planta, ya que Vandellós I dejó de funcionar tras un incendio.

El debate sobre el cierre de Zorita también vino precedido de presiones por parte de las organizaciones ecologistas: el 25 de abril de 2002 activistas de Greenpeace se subieron a la cúpula del reactor. Esta entrada en la central supuso el incumplimiento por parte de Unión Fenosa, titular de la planta, de "medidas de vigilancia" y "garantía de la integridad del cofinamiento de materiales nucleares", por lo que el Consejo de Seguridad Nuclear propuso una sanción de 601.012 euros.