España tiene un problema, 6.700 toneladas de residuos nucleares, que se debería haber solucionado antes del verano. Sin embargo, la ubicación del almacén que tendrá que acoger esta basura radiactiva durante los próximos 60 años, el ATC, sigue sin decidirse. El Ministerio de Industria tiene ocho candidatos, con Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) como favoritos. Pero el anuncio final no llega.

Fuentes del departamento de Miguel Sebastián aseguran que el destino del uranio gastado en los reactores españoles durante los últimos 40 años depende de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para llegar a un pacto de Estado sobre energía, encalladas tras la vuelta de las vacaciones políticas. Habrá ATC cuando se llegue a un acuerdo sobre todo lo demás, desde la congelación de la tarifa de la luz hasta la liberalización completa del mercado eléctrico.

Si, finalmente, el Gobierno abandona su intención de apagar la última central en 2028, el ATC tendrá que hacer sitio a otro millar de toneladas de residuos atómicos, procedentes de otra década de fisión. Y el problema para cuando se cierre este almacén temporal, a finales de siglo, será mayor. En Alemania, la cuestión de la basura radiactiva ha sido uno de los principales argumentos de los antinucleares contra la decisión de Angela Merkel. La prórroga de diez años significará 6.000 toneladas más de desechos. Y no hay dónde meterlos. Las minas de sal de la Baja Sajonia, donde las autoridades alemanas han almacenado los residuos desde la década de 1960, podrían desmoronarse en 20 años como consecuencia de las filtraciones de agua.