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Pantalla que señala el progreso de las descargas del programa eMule.

La Europa comunitaria no tiene nada claro qué hacer con aquellos ciudadanos que intercambian contenidos en Internet como cromos repetidos en un patio. Comisión y Parlamento debaten desde hace meses si deben primar el derecho a la comunicación o los 8.500 millones de euros que podrían generar en 2010 los contenidos si no se ofreciesen gratis, según cifras de la propia Comisión.

Mientras sigue la fiesta dialéctica, varios Gobiernos les han adelantado por la derecha diseñando sus propuestas contra el intercambio de archivos (P2P). El tanque francés ha sido el más ruidoso con su intención de cortar el acceso a Internet a quien se empeñe en esa práctica.

Pero el presidente galo, Nicolás Sarkozy, no ha dejado de mirar por el retrovisor para comprobar que no esta sólo. Más silencioso que otros le sigue un vehículo matrícula española.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha prometido a los autores acabar con el P2P. Las compañías que dan acceso a Internet en este país, sentadas desde hace meses con las sociedades gestoras de derechos de autor y la industria de contenidos, ven cómo se les echa encima la opción más drástica y han puesto sobre la mesa una alternativa que evite llegar a suspender el servicio al usuario. Les quedan 295 días para lograrlo.

El compromiso del Gobierno con los autores tiene fecha. El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha dicho que se tomarán medidas antes del 31 de diciembre de este año. Cuando acaben las campanadas, España pasará a ejercer la presidencia de turno de la UE y no son pocas las voces que aseguran que tener este problema resuelto es un compromiso personal de Zapatero.

Por eso, según ha podido saber Público por fuentes del sector, las operadoras han propuesto una fórmula que duela pero no mate: avisar varias veces, pero sólo a los usuarios más intensivos; sancionar, pero con pequeñas multas que acaben haciendo desistir por acumulación, y nunca suspender el acceso a Internet.

Vigilancia pública

El planteamiento de las cuatro compañías agrupadas en la asociación Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono), que suman el 90% de las conexiones, es que sea un órgano administrativo quien se encargue de realizar los avisos a los usuarios de programas P2P como eMule o BitTorrent. La idea es que esté compuesto por funcionarios y que dependa del Ministerio de Justicia. Se han planteado otras opciones como hacerlo depender de Interior, pero las compañías quieren huir de cualquier fórmula que incite a pensar en la criminalización de los internautas.

En cualquier caso, se trata de no ceder a la creación de una Agencia de Internet, planteada por algunos grupos políticos, en la que habrían tenido representación las compañías, pero también las gestoras de derechos de autor.

Además, sería un cuerpo de la Administración el custodio de la privacidad de los internautas, puesto que la única forma de avisar a quien se descarga archivos es comprobando a quién corresponde la dirección IP del ordenador, un dato que la ley de momento considera privado aunque le pese a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Según fuentes de las gestoras, la SGAE llama día sí día no a la puerta de la Agencia Española de Protección de Datos para pedir que les dejen saber quién está detrás de una IP sospechosa. Y ello a pesar de que ni siquiera en Francia han podido saltarse los derechos que envuelven los datos privados. En su propuesta, cuya tramitación parlamentaria fue paralizada ayer, la Alta Autoridad elegida para enviar los avisos a los infractores, la Hadopi, estará integrada por jueces.

La SGAE se enroca

La propuesta de las operadoras no ha sido, por el momento, recibida con gran entusiasmo por gestoras de derechos y representantes de la industria de contenidos. Según las fuentes consultadas, en las negociaciones siguen enrocados en conseguir el caramelo que les han enseñado al otro lado de los Pirineos. Quieren cortes de línea. Llevan años pidiendo a Telefónica en los tribunales los nombres que hay tras las direcciones IP y desde Luxemburgo a los juzgados españoles les han negado esa posibilidad.

Ahora, el Gobierno decide. El varapalo de las elecciones gallegas y el complicado momento con el PNV tras los comicios vascos han hecho pensar a algunos que quizás ahora la posición del Ejecutivo es más débil para conseguir sacar adelante en el Parlamento una ley impopular como la que la SGAE demanda.

¿Volvería el Partido Popular a apoyarla como hizo con el canon digital para luego desdecirse en periodo electoral? Parece difícil. Si el PSOE se empeña en adoptar la fórmula más radical deberá asegurarse el apoyo de CiU y hacerlo antes de que Europa se pronuncie definitivamente.

Ni al Parlamento y, desde hace meses, ni siquiera a la Comisión Europea le parecen formas eso de llegar y cortar la línea de acceso a la Red. Viviane Reding, la comisaria de Sociedad de la Información, fue una de las que apoyó con más fuerza el fin del P2P. Incluso sacó a consulta un documento para buscar opciones en el que preguntaba al sector si les gustaba la fórmula francesa.

Hoy Reding, debilitada por luchar contra las operadoras al margen de su propio equipo y agotando mandato, ya ha admitido como errores algunas de sus propuestas estrella. Entre ellas, además del regulador europeo de las telecos, está la lucha contra los usuarios de programas P2P.