Público
Público

La industria cultural ve un apoyo a su lucha

La Coalición sostiene que esta decisión aporta seguridad jurídica en Internet

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos renunció hace meses a solicitar la desconexión de los usuarios que descargan contenidos sujetos a derechos de autor en España.

Para esta asociación, que reúne a autores, entidades de gestión de derechos, productoras, discográficas y distribuidoras, el texto aprobado en Bruselas reconoce que la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual es imprescindible y aporta 'seguridad jurídica' a la Red, a la vez que ofrece a los gobiernos los márgenes necesarios para que lo integren en su legislación.

El director de La Coalición, Joan Navarro, especifica que, si la enmienda 138 se hubiera aprobado como fue redactada en sus comienzos, la lucha contra el P2P en España hubiera tenido que hacerse por la vía civil o penal. 'En ambos casos, la sanción resultante podía ser desproporcionada, tanto para usuarios como para páginas de enlaces'.

La industria cultural española está centrada en que el resultado de la comisión interministerial puesta en marcha por el Gobierno contemple que una autoridad administrativa pueda revisar los casos concernientes a propiedad intelectual. 'Es una vía que no está dirigida a los usuarios, sino a los prestadores de servicios de intermediación que no tienen los derechos de las obras', explica Navarro.

En España se han abierto unos 30 procesos judiciales contra varias web de intercambio desde el año 2006, no habiéndose producido ninguna sentencia condenatoria, a excepción del titular de una web que se declaró culpable para evitar la vía civil.

En cuanto a los usuarios, la Asociación de Productores de Música de España, Promusicae, intentó obligar a Telefónica a que le facilitase los datos personales de los usuarios sospechosos de descargar archivos. La operadora se negó, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea remitió a la legislación española, que no obliga a facilitar esos datos si no se trata de 'investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional'.