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"Los internautas que me atacan quieren acabar con el 'copyright'"

Eurodiputado conservador. El político británico niega que sus propuestas para frenar las descargas en Internet hayan sido redactadas "en el despacho de ningún ‘lobby"

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Tres pequeñas enmiendas a una reforma de la legislación europea sobre telecomunicaciones han convertido al eurodiputado conservador británico Malcolm Harbour (Woking, Surrey, 1947) en persona non grata para las asociaciones de derechos de los internautas de toda Europa. Aunque el grueso de la directiva y del trabajo de Harbour no habla de copyright, P2P [intercambio de archivos a través de Internet] o vigilancia del usuario, las tres enmiendas a la nueva ley que ha propuesto siguen la línea de la legislación francesa contra la descarga de archivos en Internet, y dejan en manos de una posible cooperación entre la industria de los contenidos y los proveedores de Internet el control de la música o las películas que los usuarios se descargan por la Red, así como el uso de software libre (aquél que puede ser libremente copiado, modificado y distribuido). 

Las propuestas de este eurodiputado, además, han sido criticadas por el organismo europeo de protección de datos, por intentar poner al descubierto información de los internautas que, según la legislación actual, no era accesible.

El ‘paquete telecom' ha pasado de ser una reforma deseada por todos a ser considerada como el conjunto de enmiendas-torpedo que deja desprotegidos a los usuarios de Internet. ¿Por qué?

El paquete y mis propuestas ponen blanco sobre negro muchísimos derechos para los consumidores que antes no existían. En el comité parlamentario hemos modelado y mejorado la propuesta de la Comisión [Europea] para el bien de los consumidores. Lo que ha sucedido es que se ha utilizado la directiva, y una representación muy incompleta de ella, para compararla con la protección del copyright en países como Francia. Pero esta no es una directiva que esté destinada a reforzar el copyright.

Pero sus enmiendas sí tocan este tema
No. Nunca. Algunos, que ven en mi trabajo una gran conspiración y han fomentado esa imagen distorsionada, pero esta no es una directiva sobre el copyright. Es una directiva que mejora la competencia, el uso que se hace del espectro de emisiones, los órganos que regulan las telecomunicaciones y los derechos de los consumidores.

La cooperación entre la industria discográfica y los proveedores de Internet para controlar el contenido de las web que los internautas visitan crea un espacio jurídico que sustituye, en opinión de algunos expertos, a los jueces como intérpretes de posibles delitos.
¿Qué hay de malo en la cooperación entre los proveedores de Internet y los productores de contenido, junto con los reguladores y los consumidores? Además, no se crea ninguna dimensión jurídica nueva. Simplemente se trata de un mecanismo que los reguladores pueden o no usar, y no sustituye a ningún tribunal. Los que dicen eso le siguen el juego a la conspiración.

¿Por qué es necesario todo este control del que usted habla, y quién decide qué hay que controlar?

Los consumidores tienen derechos y obligaciones, y los reguladores tienen que poder enviar avisos, a través de los proveedores, cuando los usuarios estén en sitios no seguros. Es un derecho que tienen a ser alertados y a saber cómo usan Internet, tanto si infringen el copyright o distribuyen pornografía infantil como si llevan a cabo actividades terroristas. La cooperación entre las partes implicadas puede solucionarlo. Pero nunca fue mi intención tratar específicamente temas de copyright. ¿Cuántas veces lo tendré que decir para que ustedes [por la prensa] dejen de leer todo eso que se publica en Internet? Los que me atacan quieren acabar con el copyright, y no es cierto que exista una conspiración para protegerlo.

Varias asociaciones que defienden los derechos de los internautas aseguran que usted está ligado a grupos de presión de la industria de los contenidos.

Sólo porque todo eso que usted dice esté en Internet no quiere decir que sea cierto. Los medios han sido secuestrados por las asociaciones de internautas que me atacan. Pero yo también puedo salir a la calle e inventarme conspiraciones. ¡Hasta recibo correos electrónicos de enfadadísimos estudiantes de doctorado que escriben sobre mi informe bajo premisas falsas! El informe ha sido redactado en mi oficina, no en la de ningún lobby. Y los que me atacan de esa manera están poniendo en peligro toda una directiva que mejora increíblemente los derechos de los consumidores europeos. Me acusan de haber sido comprado, de que la democracia está en peligro porque los políticos somos unos corruptos... Como ve, nada de todo esto tiene mucho sentido.

No sólo los blogueros y las asociaciones de internautas observan con malos ojos sus propuestas. Eurodiputados del Partido Socialista y de los Verdes también han criticado sus enmiendas, y públicamente
¿Quién? [Silencio] Todo lo que sé es que obtendré la mayoría necesaria en el Pleno. Lo tengo claro.

El organismo europeo de protección de datos personales criticó sus enmiendas. Dice que contribuyen a vigilar a los usuarios.
Lo sé, e incluiré parte de sus recomendaciones. Pero las críticas eran acerca de varios detalles. Ningún aspecto fundamental de mis propuestas o de mi informe ha sido puesto en duda. Desde luego, nadie ha demostrado que mis enmiendas constituyan una agresión grave contra los derechos de los consumidores. Sólo se han quejado esas asociaciones de Internet a las que no les gusta mucho la propiedad intelectual.

Con la reforma de tres directivas, el llamado paquete telecom está destinado a redibujar el panorama del sector de las telecomunicaciones. Incluye mejoras para los consumidores, como la transparencia en las tarifas de servicios de telefonía, exigencias de accesibilidad para los usuarios discapacitados o la inversión en investigación tecnológica. El paquete también reorganiza el espectro de frecuencias para permitir una mayor cobertura de Internet sin cables o la garantía de informaciones de interés público para los ciudadanos (emergencias, salud). Además, se creará un organismo nuevo que coordinará a los reguladores nacionales para una toma de decisiones más coordinada. Antes de su aplicación, la reforma se votará la semana que viene en el Pleno y será previsiblemente aprobada por los ministros de los 27 países el próximo mes.

Toda la reforma, que tiene un carácter técnico y de protección de los consumidores, ha logrado un consenso de los eurodiputados, que no obstante han presentado enmiendas para mejorar detalles. El eurodiputado conservador Malcolm Harbour introdujo varias que han inquietado a asociaciones de internautas y eurodiputados de izquierda, además de al organismo europeo de protección de datos. El motivo es el uso que se podría hacer de ellas por parte de los productores de contenidos que se distribuyen en Internet. Hasta ahora, los usuarios pueden visitar página o usar programas (por ejemplo, para compartir música o películas) sin que sus datos sean vigilados más que por la Policía o la Justicia. Las enmiendas de Harbour, o enmiendas torpedo, proponen que los productores de contenido y las empresas proveedoras de Internet controlen a los usuarios, y les envíen correos electrónicos si violan el copyright. La intromisión en los datos personales de los internautas y el cómo se determinará qué es lícito o no son el origen de las críticas. 

H3
La H3 permite a los proveedores enviar mensajes de alerta a los usuarios cuando estos usen o visiten páginas ‘ilícitas’. En este capítulo se incluyen las infracciones del ‘copyright’ y el uso de programas P2P. La enmienda no define quién manda las notificaciones, dejando la puerta abierta a que sean las productoras de contenidos.

H2
En la enmienda H2 del ‘paquete telecom’ se establece el concepto de cooperación entre los proveedores y los productores de contenidos en pro del interés público y para definir los contenidos que abusan del ‘copyright’. No se aclara cómo se concreta el interés público o qué debe ser protegido exactamente.

H1
La enmienda H1 otorga a la Comisión Europea el poder de establecer qué aplicaciones y contenido son «lícitos». Su uso sería controlado por los proveedores de Internet. La enmienda es criticada por despojar a las autoridades policiales y judiciales de ese poder