Las reformas propuestas en julio en el Parlamento Europeo que pretenden, entre otras cosas, evitar el libre intercambio de archivos por Internet (P2P), se toparon con la oposición de numerosos diputados europeos, entre ellos varios españoles.

Las modificaciones a un complejo texto que redibuja el mapa de las telecomunicaciones en la Unión Europea habían sido presentadas por el conservador Malcolm Harbour e incluían el establecimiento de una colaboración entre los proveedores de Internet y los productores de contenidos para controlar las descargas de los internautas. El objetivo: proteger los derechos de propiedad intelectual de los autores.

Además, Harbour había propuesto que se impusieran sanciones, como la ralentización o incluso la suspensión de las conexiones de banda ancha. Diversas asociaciones de internautas han criticado las enmiendas –llamadas torpedo–, por suponer un control de facto de sus actividades.
“¿Quién controla y cómo lo que es legal?”, se pregunta la eurodiputada socialista Francisca Pleguezuelos, muy dura en el debate de ayer sobre el conjunto de medidas, conocido como paquete Telecom.

La parlamentaria recuerda que las enmiendas fueron introducidas “por la puerta de atrás y en el último momento”, en un paquete de reformas cuyo grueso es de carácter técnico y no de contenido. Pleguezuelos asegura que las propuestas de Harbour están influenciadas por grupos de presión empresariales y que supondrían un “control inaudito de la privacidad de los usuarios”.

Otro diputado español, David Hammerstein, de Los Verdes, considera las enmiendas un “atentado contra la filosofía de internet”. “¿Quiénes son los proveedores para actuar como policías de la Red?”, se pregunta. “Desde la UE, algunos quieren convertir a Internet en una televisión por cable, en la que pagas por contenidos y todo está tasado”, asegura.

Asociaciones como la Fundación por la Libre Infraestructura de la Información denuncian que la política comunitaria restringe la libre circulación del conocimiento y la cultura en una Unión Europea de mercado económico único. Además de las descargas, sus reivindicaciones se refieren al software ya que, según la fundación, “de seguir así, aplicaciones como Skype o Firefox serán mañana ilegales”, en favor de los derechos de autor y las patentes.

Fuentes del Parlamento Europeo aseguraron ayer a Público que Harbour se había mostrado dispuesto tras el pleno a dar marcha atrás, debido a la oposición percibida. Las mismas fuentes especulan que su mantenimiento supondría para el europarlamentario un mal final de legislatura de cara a las elecciones de 2009, sobre todo si se tiene en cuenta que no sólo protestan los internautas.

En el Pleno, la eurodiputada danesa Hanne Dahl trasladó las enmiendas torpedo a contextos menos virtuales: “Si un admirador me manda cartas de amor, ¿aprobaría un control en las oficinas de correos para saber si su contenido es o no lícito?” se preguntó.

Las propuestas del europarlamentario inglés Malcolm Harbour guardan similitudes con las reformas legales aprobadas en Francia. Allí, los proveedores de Internet, más allá de prestar servicio, controlan los contenidos vigilando que no se vulneren los derechos de autor. Las sanciones varían desde la suspensión del servicio hasta multas millonarias.

Detrás de estas reformas están, en muchos casos, los poderosos grupos de presión del sector como las discográficas o las asociaciones de autores. La europarlamentaria española Francisca Pleguezuelos concluye: “Es como si las compañías telefónicas pudieran pincharnos el teléfono”.