La decisión de países como Francia y Reino Unido de rastrear la Red con el fin de localizar a los usuarios que descargan archivos y tomar medidas contra ellos -como la desconexión- ha provocado la indignación de los internautas de esos países y ha causado temor entre los de los estados cercanos, que ven cómo este tipo de disposiciones comienzan a extenderse. Las noticias que llegan desde el Parlamento Europeo, no obstante, se plantean como una posible tabla de salvación. 

Con seis millones de europeos trabajando en áreas relacionadas con la cultura, el Parlamento se está planteando fórmulas para luchar contra la denominada piratería. En el informe -aprobado, pero no vinculante-, presentado por el europarlamentario Guy Bono (PSE, Francia), se especifica que es necesario buscar un equilibro entre el acceso a los contenidos culturales y la protección de los derechos de propiedad intelectual; por ello se pide a la Comisión Europea que se replantee la manera en que se protege la propiedad intelectual.

Aunque el informe insiste en garantizar la remuneración de los titulares de los derechos de autor, también supone un varapalo para los países que pretenden adoptar medidas contra los usuarios que descargan, con la creación de un registro de reincididentes en algunos casos, especificando que la 'criminalización' de los usuarios que descargan archivos sin ánimo de lucro 'no es una solución para luchar contra la piratería'.

Encontrar una salida conciliadora entre usuarios e industria no es tarea sencilla. El informe detalla como 'esencial' el poder acceder sin barreras a los contenidos culturales a través de la Red, dejando en un segundo plano 'la lógica puramente económica y comercial' e insistiendo a la vez en que también hay que velar por mantener el tejido cultural.

Partiendo de la manera en que Internet ha cambiado la forma de relacionarse y acceder a la cultura de los usuarios, Bono se muestra tajante al referirse al origen de la batería de normas que se pretende adoptar en Francia: 'Las medidas represivas están dictadas por industrias que no fueron capaces de cambiar sus modelos económicos frente a las necesidades impuestas por la sociedad de la información'.

Para el Parlamento Europeo es necesario distinguir entre la piratería en masa y los usuarios que descargan sin tener un fin mercantil. Esa distinción sí se establece en las sentencias que ha habido en España por la vía penal, en las que no se tipifica la descarga como delito si no hay ánimo de lucro, tanto en el caso de usuarios como de redes.

La enmienda añadida al informe en la que se detalla que hay que «evitar adoptar medidas que causen conflictos con las libertades civiles, derechos humanos (...) como sería el interrumpir el acceso a Internet» ya ha sido criticado por la IFPI, que representa a la industria musical en Europa, argumentando que se trata de una enmienda 'mal redactada' y que contradice el resto del informe.

Bono mantiene que bloquear la banda ancha a ciertos usuarios, aunque descarguen archivos, podría tener graves repercusiones en una sociedad en la que el acceso a Internet es un instrumento para acabar con la brecha digital. Si Sarkozy promueve la aplicación de las medidas que anunció, pondría el foco de atención de nuevo en los soportes, en vez de atajar el origen del problema.

El acuerdo promovido por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, entre unas 40 organizaciones que representan a las industrias del cine, la música y los proveedores de acceso a Internet tiene como base el conocido como ‘informe Olivennes’. Realizado por el empresario Denis Olivennes, presidente de la FNAC, aún está pendiente de regulación legal. Sarkozy comparó la situación actual de Internet con el “lejano oeste” tecnológico y a los internautas que descargan, con unos “fuera de la ley”.