El costarricense Javier Bogantes (1956), presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, es uno de los mayores expertos en la gestión de este recurso. Su trabajo consiste en obligar a gobiernos y empresas a cumplir leyes internacionales valiéndose de una 'ética exigente, de la que depende la vida en el planeta'.

¿Cuáles son los principales problemas emergentes?

Se está extendiendo entre todos los gobiernos nacionales y regionales la realización de trasvases que fingen solucionar carencias y que sólo se hacen para abastecer instalaciones turísticas o inversiones inmobiliarias, sacando el agua de lugares en los que se dejan graves problemas.

¿Los trasvases no sirven?

Desde el punto de visto hidrológico, son políticas absurdas porque desabastecen regiones para abastecer otras, provocando conflictos que llevan a enfrentamientos sociales. No son la solución y llevan a situaciones de injusticia.

¿Qué opina de la gestión que los gobiernos hacen del agua?

Hemos detectado un aumento del número de políticos que establecen contubernios con la empresa privada para permitir que se aprovechen de los recursos hídricos en perjuicio del medio ambiente y de las poblaciones, a las que dejan en situación de indefensión frente a intereses económicos.

¿Las empresas no pueden enriquecerse con el agua?

Lo que no puede ser es que, en lugar de un derecho público y un derecho humano, el agua sea de quien mejor la paga, un bien comercial, como sucede en Chile por herencia de Augusto Pinochet.

¿Qué más problemas traen esos 'contubernios'?

Se está multiplicando el número de refugiados en sus propios países, migraciones por culpa de grandes megaproyectos, como presas hidroeléctricas, que obligan a grandes poblaciones a buscar nuevos lugares en los que vivir. Y lugares en los que se privilegia el turismo y se deja sin agua a las poblaciones locales para abastecer campos de golf.