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El Gobierno suizo no cree que las descargas dañen a la industria

Un informe independiente analiza el impacto de los enlaces y el P2P en la cultura

MIGUEL ÁNGEL CRIADO

Las descargas no dañan a la industria cultural suiza. Esa es una de las conclusiones de un informe del Gobierno suizo que, aunque reconoce que internet está teniendo un gran impacto en el consumo de cultura, rechaza que el P2P o las páginas de enlaces estén hundiendo al sector del entretenimiento: lo que se deja de gastar en CD o DVD se dedica a otros gastos culturales.

En una de las escasas ocasiones en la que se da a conocer un estudio independiente, el Consejo Federal (el poder ejecutivo de la Confederación Helvética) ha analizado el impacto de las descargas en la industria cultural. El trabajo había sido solicitado por el Consejo de los Estados (la Cámara Alta suiza) para decidir si reformaba su legislación sobre propiedad intelectual.

Según el texto, el gasto cultural se ha mantenido pero se ha redistribuido

El informe parte de una realidad: el intercambio de archivos sujetos a derechos de autor se ha generalizado. En Suiza, al menos un tercio de los mayores de 15 años descargan material sin autorización. La cifra es tan alta que el informe reconoce la imposibilidad de combatir las descargas por la vía judicial tradicional. El informe calcula que, sólo para perseguir las descargas de música, harían falta 170 nuevos fiscales con dedicación exclusiva. Cuando mira las soluciones planteadas fuera, Suiza se detiene en el modelo francés. Allí, los internautas que compartan archivos pueden perder la conexión a inter-net. Para el Ejecutivo suizo, el coste de montar un dispositivo como el francés (que cuesta 11 millones de euros al año)supera a sus posibles ventajas.

Pero, además de la imposibilidad práctica, el Gobierno helvético plantea también otras cuestiones legales y hasta filosóficas. Así, la retirada de la conexión a internet podría afectar a derechos humanos de los usuarios, como el de la libertad de expresión o el de la privacidad. La opción de obligar a las operadoras a hacer de policías tampoco les parece apropiada. 'De hecho, es legítimo cuestionar la pertinencia de las medidas represivas para frenar la vulneración de los derechos de autor', sostiene el informe. Tras preguntarse sobre el efecto preventivo de una norma legal cuando la norma social va en sentido contrario, los autores del texto reconocen que el derecho de autor es hoy percibido como una barrera al acceso a la cultura.

Sostiene que los que bajan contenidos consumen más oferta legal que los que no

Para justificar esta posición tan radical, el informe da algunos datos. Así, reconoce que las ventas de música se han reducido a la mitad desde que Napster apareciera en 1999, pero no están tan seguros de que sea por culpa de las descarga. De hecho, hablan del llamado efecto sampling: el 63% de los que descargan compran al menos una vez al año la música que se descargaron. Llegan a sostener que los que se bajan películas o videojuegos consumen más oferta legal que los que no lo hacen.

La explicación es que el gasto cultural se ha mantenido pero se ha redistribuido. Así, aunque se compran menos CD y DVD, aumentan las compras en internet, la entrada a los conciertos y a los cines. Al mantenerse la aportación de la cultura al Producto Interior Bruto en el 0,23%, los autores sacan la conclusión de que 'los usuarios de los sitios de intercambio siguen destinando lo que se ahorran al entretenimiento'.

Por todo ello, el informe desecha la vía represiva y la necesidad de cambiar la legislación. Entre las fórmulas que plantea, está la instauración de una licencia global que legalice las descargas sin uso comercial. Otra posibilidad es que la industria y las sociedades de gestión de derechos lleguen a acuerdos con las operadoras para el uso de sus obras por parte de sus clientes a cambio de una compensación.

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