Desde 1993, la legislación española permite el cierre de páginas web que incumplen los criterios de la Ley de la Sociedad de la Información, que establece medidas de protección de los usuarios como, por ejemplo, la venta de productos milagro, la pornografía infantil o la incitación a la violencia.

Esta misma semana una página de juego online ha sido cerrada. ¿Por qué tiene que ser distinto para páginas que se lucran con contenidos sin el permiso de sus autores? ¿Por qué se aplaude la protección de la propiedad física y se genera tanto debate con la protección de la propiedad intelectual? ¿Por qué pagamos más que nuestros vecinos europeos por el acceso a internet, a cambio de encontrar gratis en la red productos basura eso sí, ilegales?

La red necesita un equilibrio que haga posible que la publicidad, el motor de los negocios de la sociedad de la información, esté en la oferta legal de productos. Por eso la mal llamada ley Sinde modifica, sobre todo, esa antigua y ya parcheada Ley de la Sociedad de la Información, para que también se cierren webs por delitos contra la propiedad intelectual.

Pero no es una ley al servicio de la industria cultural que, sí o sí, deberá adaptar sus modelos de negocio. El cierre de webs beneficiará a cientos de negocios digitales que hoy apenas pueden competir contra la piratería de sus propios productos. No sólo protegerá empleos de la cultura, sino que impulsará el desarrollo de una economía digital, intensiva en innovación y empleo cualificado, que responde al modelo de desarrollo que nuestro país necesita.

*Joan Navarro es exdirector de la coalición de creadores