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Balcells se enfada

Las protestas de la agente por la divulgación de sus papeles' coinciden con un cambio en la regulación de la autorización de los datos personales, que podría dejar inutilizado el archivo 

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El mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba la norma que cubre un vacío en materia archivística que se remontaba al año 1901, Carmen Balcells se ha mostrado descontenta, tal y como ha podido saber este periódico, por la divulgación de parte del contenido de sus archivos que han realizado Público y El País, y que vendió el pasado diciembre al Ministerio de Cultura, para su protección y conservación, por 3.000.000 de euros. El mencionado real decreto aprobado ayer establece el Sistema Español de Archivos y regula el Sistema de Archivos de la Administración General, en beneficio de una accesibilidad más sencilla para todos los ciudadanos.

Las quejas por la publicación de los secretos del tesoro mejor guardado del mundo (hasta hace un año) de la gran agente literaria, en los últimos 50 años, llegan mientras el Gobierno decreta una orden que refuerza la transparencia y la información pública, que garantiza 'el derecho de la ciudadanía de acceso a los archivos'. Además, el paso histórico facilitaría, según se pretende, la tarea de investigación a universidades y científicos. Sin embargo, los documentos de Balcells, depositados en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, están aún en un estado previo a su clasificación para la apertura pública.

'Los papeles' iban a ser parte de un centro que acogería el legado de escritores

La compra de este archivo era importante para poner en marcha la creación de un Centro de Creadores, en el que se recogerían los archivos personales de los escritores españoles. El proyecto se ha parado. Sin embargo, la documentación de Balcells debe seguir su camino y ser catalogada por los bibliotecarios del centro. Los responsables del mismo no saben todavía cómo se manejará una información tan confidencial e íntima. De momento, elucubran con la posibilidad de crear una base de datos con todas aquellas personas que forman parte de este intercambio, para pedirles su autorización. Dadas las dimensiones del archivo, sería una tarea que retrasaría la apertura del mismo el tiempo suficiente como para no necesitar sus permisos: 25 o 50 años.

Desde la Agencia Española de Protección de Datos aseguran a Público que el artículo 57 de la Ley de Patrimonio aclara que 'los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte o de 50 años a partir de la fecha de los documentos'.

Además, este artículo se ve refrendado con la aprobación ayer del real decreto, que 'regula los documentos cuyo acceso está restringido y condicionado a la obtención de autorización previa, como los documentos clasificados, los que contengan información cuya difusión pudiera entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado y los que contengan datos personales'. El archivo podría quedar inutilizado durante muchos años.

El nuevo decreto garantiza 'el derecho de la ciudadanía de acceso a los archivos'

José Luis Pinar, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, explica que, cuando las miles de cajas se ordenen y se constituyan en un conjunto organizado de documentos con un acceso regulado a los datos, habrá que preguntarse qué se entiende por documento histórico. 'Y aunque se haya comprado el archivo, los datos no son del Ministerio de Cultura, la propiedad sigue siendo del titular de los datos', dice. Además, los afectados siempre estarán amparados por el derecho al honor.

La correspondencia recogida en estas cajas se centra, sobre todo, en la relación financiera que la agente desarrolló a favor de sus clientes a lo largo de cinco décadas. De esta manera, el 20 de octubre de 1989, Carmen escribe a Fernando de Giles, editor adjunto de En portada de TVE. La cadena de televisión se había mostrado interesada en hacer un programa especial sobre las elecciones chilenas, donde Jorge Edwards haría entrevistas a todos los candidatos.

'Agradecería que me enviara una copia del contrato y, si le parece aceptable nuestra propuesta, de unos honorarios de 1.400.000 pesetas para Jorge Edwards', dispara Balcells. Como era de esperar, cuatro días después, Fernando de Giles le contesta que no pueden hacer frente a ese importe: 'La cifra excede con mucho los presupuestos destinados a tales trabajos, incluso considerando la excepcionalidad del mismo. Por lo tanto, lamento decirle que nos vemos obligados a reconsiderar la realización del programa con Jorge Edwards'.

Seis días después Balcells le contesta, con un as en la manga, Pinochet: 'El señor Edwards se mostraría algo más flexible en cuanto a las condiciones económicas si tuviera garantizado el acceso al final cut[montaje final]. También quisiéramos informarles de que es muy probable que esta sea la única entrevista que el candidato Patricio Aldwin conceda a medios de comunicación y televisión y que también probablemente Jorge Edwards pueda entrevistar al general Pinochet'.

El propio Edwards escribe a Carmen. Al final, TVE le ha ofrecido 500.000 pesetas, 'con grandes explicaciones sobre la falta de presupuesto'. 'No tengo tiempo para esto. No acepté'.